GINEBRA, 11 May. (Reuters/EP) -
Seis expertos independientes en materia de Derechos Humanos de la ONU criticaron este martes la nueva ley contra la inmigración de Arizona, advirtiendo de que podría llevar a la Policía a actuar contra personas sobre la base de su origen étnico, lo que constituye una violación del Derecho Internacional. Asimismo, consideraron que podría provocar un trato discriminatorio hacia los hispanos en este estado fronterizo con México.
"La ley podría llevar a detener y someter a interrogatorios a personas principalmente sobre la base de sus características étnicas percibidas", subrayan en un comunicado. "En Arizona, personas que parezcan ser mexicanas, latinoamericanas o de origen indígena están especialmente en peligro de ser objetivo bajo la ley", añaden.
La ley aprobada en Arizona exige a la Policía que determine si las personas están en el país legalmente, anteriormente una función que ejercían la Policía de inmigración federal y algunas fuerzas locales. Los detractores de la norma argumentan que es inconstitucional y temen que destruirá la confianza entre la comunidad hispana y las fuerzas de seguridad en este estado.
Sus partidarios consideran que es necesaria para reducir la delincuencia en el estado, donde residen unos 460.000 inmigrantes ilegales y que constituye un importante punto de paso para los traficantes de personas y drogas desde México.
Los expertos de la ONU expresaron su preocupación por los "vagos estándares y el lenguaje genérico" de la ley de Arizona, afirmando que plantea "serias dudas sobre la compatibilidad de la ley con los tratados internacionales pertinentes de los que es parte Estados Unidos".
"Se exige a los estados que respeten y garanticen los Derechos Humanos para todas las personas sometidas a su jurisdicción, sin discriminación", señalan, instando a las autoridades en Arizona y al Gobierno federal a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la ley de inmigración es acorde con los estándares internacionales de Derechos Humanos".
En concreto, citan la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Forzas de Discriminación Racial (CERD), un tratado de 1966 ratificado por Estados Unidos bajo la Administración de Bill Clinton.
El comunicado lo suscriben el relator especial para los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Jorge Bustamante; el relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia relacionada, Githu Muigai; el relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales del pueblo indígena, James Anaya; la experta independiente sobre derechos culturales, Farida Shaheed; el relator especial sobre el derecho a la educación, Vernor Muños Villalobos, y el experto independiente sobre cuestiones de minoría, Gay McDougall.