WASHINGTON, 2 Jul. (EP/AP) -
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó hoy el proyecto de ampliación de lo que hasta hoy se llamó la Ley de Promoción de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) que contempla una prórroga de ocho meses para los países beneficiados: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Con la firma de esta ley en Kennebunkport (Estado de Maine) donde es anfitrión en su casa de verano del presidente ruso, Vladimir Putin, el mandatario estadounidense además de concederle una prórroga a estas naciones también devuelve el nombre que antes tenían estos beneficios arancelarios: Ley de Promoción Comercial Andina (ATPA, por sus siglas en inglés)
Perú y Colombia dispondrán así de un período crucial para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) por el Congreso estadounidense, que darán permanencia a esas preferencias establecidas por primera vez en 1991, como ayuda a esos países para promover la producción alternativa dentro de la campaña antidrogas.
Para Ecuador y Bolivia, en cambio, se abre un periodo en cual esperan realizar otra vez gestiones en Washington para una nueva ampliación, ya que ambas naciones se negaron a negociar un TLC con el Gobierno de Bush.
La reacción de los países beneficiados sobre esta decisión fue inmediata. La embajadora de Colombia en Estados Unidos, Carolina Barco, aseguró que se trata de una "buena noticia" y destacó que esta ampliación debe ser entendida "como un puente hacia la aprobación legislativa y la posterior entrada en vigor del tratado de libre comercio".
El embajador ecuatoriano, Luis Gallegos, afirmó por su parte que el Gobierno de Rafael Correa estaba "complacido" de que el Congreso haya reconocido "la importancia crítica de la ley para nuestro país y la región andina como un todo", aunque hizo notar su "decepción" porque el ATPDEA no fue extendido por dos años y tres meses más.
Por su parte, el subjefe de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), John Veroneau, dijo que Bolivia y Ecuador tendrán que "reflexionar" en los siguientes ocho meses sobre el trato que reciben las empresas extranjeras en esos países.