Actualizado 18/07/2008 05:13

EEUU/México.- EEUU dice que hará lo posible para retrasar la ejecución de cinco mexicanos condenados a muerte en Texas


WASHINGTON, 18 Jul. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Estados Unidos dijo ayer que trabaja "agresivamente" para que sea cumplida la orden de la Corte Internacional de Justicia de retrasar la ejecución de cinco mexicanos condenados a muerte mientras el tribunal decide sobre una disputa bilateral.

Un portavoz del Departamento de Estado aclaró, sin embargo, que el Gobierno del presidente estadounidense, George W. Bush, no tiene el poder para frenar los procesos judiciales que lleven a cabo los distintos estados del país, aunque dijo que apelarán a que éste es un asunto que involucra a la ley internacional.

La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ordenó el pasado miércoles a Estados Unidos retrasar la ejecución mientras decide sobre una acusación de México de que 51 de sus ciudadanos fueron condenados a muerte en cárceles estadounidenses sin haberles dicho que tenían derecho a asistencia consular.

Asimismo, una portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmó que el Gobierno hará todo lo posible para que el caso de los mexicanos sea "revisado y reconsiderado. Estamos trabajando agresivamente para implementar esa requisición", matizó. Sin embargo, "el brazo Ejecutivo no tiene autoridad legal para decidir si la ejecución en un estado debe ir adelante o no", aclaró.

La ejecución de uno de los cinco condenados a muerte, José Medellín, está programada para el 5 de agosto en Texas. Los otros también tienen fechas inminentes de ejecución. "Trabajaremos para garantizar que los demandados reciban revisión y reconsideración", dijo la portavoz.

En 2004, la Corte falló a favor de México, señalando que Estados Unidos había violado la ley internacional y ordenó revisar los casos para comprobar si la falta de asistencia consular había perjudicado el resultado de los juicios.

El año siguiente, el presidente Bush ordenó a Texas revisar el caso de Medellín, pero la Corte Suprema del país decidió en marzo que el mandatario no tenía autoridad para hacer esa petición, tras lo cual ese estado programó la ejecución.

La Corte Internacional de Justicia es responsable de resolver disputas entre estados miembros de la ONU. Sus fallos, que suelen llevar años, son obligatorios y no son apelables.