Actualizado 28/08/2009 01:07

EEUU podría cortar ayuda económica formal a Honduras

WASHINGTON (Reuters/EP) - Miembros del Departamento de Estado estadounidense recomendaron que la expulsión del presidente hondureño Manuel Zelaya sea declarada un "golpe de Estado militar", dijo un funcionario el jueves, lo que podría costarle al país hasta unos 150 millones de dólares en fondos.

El funcionario, que solicitó no ser identificado, aseguró que el equipo del Departamento de Estado hizo la recomendación a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien aún no tomó una decisión sobre el asunto pero podría hacerlo en el corto plazo.

Washington ya suspendió cerca de 18 millones en ayuda a Honduras luego del golpe de Estado del 28 de junio, y ésta podría ser formalmente cortada si se toma la decisión, ya que existe una barrera legal a prestar ayuda "al Gobierno de cualquier país cuyo jefe de Gobierno electo sea depuesto por un golpe de Estado militar o un decreto".

El funcionario señaló que también se debería poner fin a 215 millones de dólares en subvenciones de la Corporación del Desafío del Milenio para Honduras si Clinton determina que hubo un golpe de Estado militar.

Cerca de 76 millones de dólares de ese dinero ya se ha desembolsado y un segundo funcionario estadounidense declaró que esto implica que el remanente de unos 139 millones de dólares no se entregaría a Honduras si se toma la decisión.

Los diplomáticos aseguran que Estados Unidos ha tratado de retrasar la determinación formal para dar a la diplomacia la posibilidad de lograr un compromiso negociado que permita la vuelta de Zelaya al poder.

Esos esfuerzos, sin embargo, parecen haber fallado por ahora y Estados Unidos está tomando medidas, incluyendo la decisión el martes de cesar el trámite de algunas visas en su embajada en Tegucigalpa, para aumentar la presión sobre el Gobierno de facto.

"La recomendación del departamento para ella es que la firme", dijo el primer funcionario estadounidense consultado sobre la denominación "golpe militar", señalando que ésta era una respuesta al rechazo del Gobierno de facto a aceptar un compromiso que permita la vuelta de Zelaya al poder antes de las elecciones de noviembre.