WASHINGTON, 5 Dic. (Reuters/EP) -
El Tribunal Supremo ha anunciado este lunes que admite a trámite la demanda de un hombre contra los dos agentes del servicio secreto que lo detuvieron tras criticar la política de Estados Unidos en Irak en 2006 durante un acto del entonces vicepresidente Dick Cheney.
El demandante, Steven Howards, considera que fue una violación de su derecho constitucional a la libertad de expresión y que los agentes no tenían ninguna causa probable para creer que hubiera cometido un delito.
Sin embargo, desde la Administración de Barack Obama argumentan que los agentes de seguridad no deben ser sujeto de demandas personales. También la defensa de los dos agentes del servicio secreto, Virgil Reichle y Dan Doyle, esgrime estos argumentos y alega además que no pueden ser considerados responsables al estar cumpliendo órdenes.
"Los agentes del servicio secreto en misiones de escolta deben tomar decisiones en décimas de segundo con consecuencias de vida o muerte e incluso históricas. Es de vital importancia, por consiguiente, que los agentes del servicio secreto actúen sin vacilar", argumentan los abogados de los dos agentes.
Howards fue detenido el 16 de junio de 2006 durante una visita de Cheney al centro comercial de Beaver Creek, en Colorado. Un agente secreto pudo escuchar a Howards hablando a través de su teléfono móvil: "Voy a preguntarle a cuántos niños ha matado hoy".
El demandante finalmente pudo acercarse a Cheney cuando saludaba a la gente, estrechaba manos y posaba para fotografías. Cuando se encontró frente a él le dijo que sus "políticas para con Irak son vergonzosas". Antes de marcharse, Howards tocó a Cheney en el hombro derecho con la mano abierta.
Reichle interrogó a Howard y ha relatado que negó haber tocado a Cheney. Doyle, también testigo del incidente, confirmó haber sido testigo de cómo le tocaba, por lo que decidieron detenerle. Howard fue entregado a las autoridades locales para ser procesado por el delito de asalto conforme a las leyes estatales. Sin embargo, los cargos fueron finalmente desestimados.
Fue entonces cuando Howards presentó una denuncia por arresto ilícito y para pedir una compensación económica por los daños causados. Un juez federal y un tribunal federal de apelaciones han dado sucesivamente la razón a Howards, cuyo caso llega ahora al Tribunal Supremo.