Actualizado 01/10/2012 17:32

EEUU.-Vetan en California una proposición de ley que impide detener a inmigrantes indocumentados que no hayan delinquido


SACRAMENTO (CALIFORNIA, EEUU), 1 Oct. (Reuters/EP) -

El gobernador de California, Jerry Brown, vetó este domingo una proposición de ley que, de haberse aprobado, prohibiría que las autoridades estatales cumpliesen las órdenes de las autoridades federales de Estados Unidos para detener a inmigrantes en situación irregular que no hayan sido acusados o condenados por un delito grave o violento.

Los defensores del texto legislativo creen que éste podría evitar la discriminación racial inherente a una ley de Arizona contra la inmigración ilegal que este verano recibió el visto bueno del Tribunal Supremo estadounidense.

Brown dijo que la proposición tenía muchos "fallos" porque eximía a individuos que hubiesen cometido delitos como abuso de menores, tráfico de drogas o venta ilegal de armas.

"Creo que no es inteligente entrometerse en el criterio de un 'sheriff' para cumplir órdenes de arresto dictadas contra personas con esos turbadores antecedentes penales", afirmó.

INMIGRANTES DESPROTEGIDOS

El director ejecutivo de la Red de Organización del Día Nacional del Trabajador, Pablo Alvarado, señaló en un comunicado que Brown "ha fallado a las comunidades de inmigrantes de California". "Ha puesto en peligro los derechos civiles y nos ha dejado más desprotegidos", añadió.

Algunos activistas esperaban que el gobernador se sumase a una pequeña pero creciente tendencia nacional en la que las comunidades se resisten a apoyar un programa para que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y las autoridades locales compartan información, conocido como 'Comunidades Seguras'.

Los detractores de este programa afirman que permite iniciar un proceso de deportación contra víctimas de violencia doméstica y hace que muchos inmigrantes no se atrevan a denunciar delitos de los que son víctimas.

El impulsor de la proposición de ley vetada por Brown, el diputado estatal Tom Ammiano (del Partido Demócrata), destacó que el programa 'Comunidades Seguras' es el responsable de la deportación de más de 72.000 personas, de las cuales el 70 por ciento no tenían antecedentes por delitos graves ni leves.

En California vive la mayor comunidad de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos; casi 2,6 millones a principios de 2010, según datos oficiales.

Además de Arizona, los estados de Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah han aprobado leyes estrictas durante los últimos dos años para disuadir a los inmigrantes en situación irregular que se planteen quedarse a vivir allí.

CADENA PERPETUA

Por otro lado, el gobernador de California ratificó el domingo una medida por la cual aquellas personas que hayan sido condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un crimen cometido cuando eran menores de 18 años tendrán la posibilidad de solicitar la libertad tras haber pasado 25 años entre rejas.

En las cárceles de ese estado hay unos 300 presos que fueron condenados a esa pena siendo adolescentes, según el senador que presentó la proposición de ley, el demócrata Leland Yee.

Los tribunales podrán revisar el caso una vez que el preso haya cumplido quince años de prisión y, si demuestra arrepentimiento y se esfuerza por rehabilitarse, reducir la condena a entre 25 años de cárcel y cadena perpetua.

Decenas de organizaciones que defienden los derechos civiles habían advertido de que Estados Unidos es el único país del mundo donde alguien que cometió un crimen siendo menor de 18 años puede ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

"No hay duda de que podemos preservar la seguridad de los ciudadanos sin encerrar a jóvenes para siempre por crímenes que cometieron cuando eran considerados demasiado jóvenes para tener criterio para votar o conducir", afirmó Elizabeth Calvin, de Human Rights Watch (HRW), en un comunicado.

La Asociación de Fiscales de Distrito de California se oponía a la proposición de ley argumentando que se aplica casi exclusivamente a personas de 16 o 17 años condenadas por asesinato en primer grado con unas circunstancias especiales y que en esos casos la cadena perpetua es un castigo adecuado.

MUCHOS CONDENADOS NO MATARON A NADIE

Pero, según HRW, el 45 por ciento de las personas a las que se les impuso esa pena por su implicación en un asesinato cometido cuando eran menores no mataron a la víctima. En muchos casos solo vigilaban mientras se cometía un crimen o fueron detenidos durante un atraco a mano armada que acabó mal.

Según la doctrina del "delito-asesinato", cualquier homicidio que ocurra durante la comisión o el intento de comisión de un delito como una violación, un atraco a mano armada, un secuestro, etc., se considera asesinato en primer grado y se puede concluir que todas aquellas personas que han participado en el delito pueden ser igualmente culpables del asesinato, incluso las que no hicieron daño a nadie y no fuesen armadas.