Por Luis Jaime Acosta
BOGOTA (Reuters/EP) - Las ejecuciones de 19 jóvenes que residían en una zona pobre cercana a la capital de Colombia son "la punta del iceberg" de una práctica casi sistemática del Ejército, aunque no hay pruebas que indiquen que obedecieron a una política oficial del Gobierno, afirmó el jueves la ONU.
El relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, dijo que los asesinatos de civiles por parte de efectivos del Ejército fue la preocupación más preponderante de su viaje a Colombia.
"Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg", afirmó Alston, el primero de cuatro relatores especiales de la ONU que visita el país en el 2009.
En septiembre del 2008 se conoció que al menos 19 jóvenes que residían en Soacha, un sector obrero ubicado cerca a Bogotá, aparecieron muertos en el noreste del país después de que el Ejército los reportó como miembros de grupos armados ilegales muertos en combates.
Pero las investigaciones demostraron manipulación de pruebas y que los jóvenes fueron reclutados por personas con nexos con el Ejército después de ofrecerles trabajo.
El caso de Soacha sacó a flote otras ejecuciones extrajudiciales al parecer cometidas por efectivos del Ejército con el aparente propósito de cobrar recompensas y ganar otros beneficios como permisos y descansos remunerados.
El escándalo provocó a finales de octubre la destitución de 27 efectivos del Ejército, incluidos tres generales, y luego la renuncia del comandante de esa fuerza, general Mario Montoya.
El Gobierno del presidente Alvaro Uribe dijo que se trató de un caso aislado, pero de acuerdo con un reciente informe de Amnistía Internacional se registraron 296 ejecuciones extrajudiciales en los 12 meses previos a julio del 2008.
PRACTICA MAS O MENOS SISTEMATICA
"Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército", afirmó Alston.
El relator sostuvo que aunque no encontró pruebas que indiquen que las ejecuciones fueron producto de una política oficial del Gobierno o que se hicieron con conocimiento del presidente o de otros funcionarios, es insostenible la tesis de que fueron producto de una pocas "manzanas podridas".
El escándalo de ejecuciones involucra a más de 400 efectivos del Ejército y la Fiscalía General investiga más de mil casos con alrededor de 1.600 víctimas.
Los casos han desatado preocupaciones sobre un posible impacto en la ayuda militar que otorga Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Colombia para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
Uribe asumió el cargo el 7 de agosto del 2002, después de ganar la elección con la promesa de derrotar a la guerrilla en un país hastiado por la violencia, y fue reelegido por otros cuatro años en el 2006.
El presidente aumentó los efectivos de las Fuerzas Armadas, el gasto militar y ordenó pagar recompensas a informantes.
La ofensiva obligó a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a replegarse en apartadas zonas selváticas y montañosas, mientras se redujeron los asesinatos, masacres, secuestros y ataques con explosivos.
Pero de acuerdo con analistas y grupos de derechos humanos la presión de Uribe a los comandantes de las Fuerzas Armadas para obtener resultados en la ofensiva contra la guerrilla contribuyó al aumento de violaciones a los derechos humanos.
Alston también llamó la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales de la guerrilla y grupos armados ilegales conformados por ex paramilitares, que en su concepto demuestran que no desmantelaron completamente sus estructuras económicas, de mando y control pese al proceso de paz con el Gobierno.