MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre España y Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, así como de su Protocolo y Memorando de entendimiento, y ha solicitado su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.
España y Argentina habían ya suscrito en Madrid un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal que, desde su entrada en vigor el 28 de julio de 1994, ha dado cobertura a la intensa relación económica entre los dos países.
El nuevo Convenio, cuya firma autorizó el Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero, supone una mejora y actualización del anterior, el cual había sido denunciado, de manera unilateral, por Argentina, lo que implica que ha dejado de tener efecto desde el 1 de enero de 2013.
Por ello, el nuevo texto establece específicamente la aplicación retroactiva a dicha fecha y evitar, así, que las empresas españolas con inversiones en Argentina se pudieran quedar sin la cobertura de un convenio para evitar la doble imposición por un determinado período de tiempo.
El nuevo convenio, ha explicado el Ejecutivo, supone una mejora y actualización del anterior, y facilita la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones, potenciando el intercambio de información de trascendencia tributaria entre ambos países.
Junto al texto del convenio, se incluye un memorando de entendimiento, en el que se contienen varias cláusulas de limitación de beneficios con el objetivo de poder atacar aquellas situaciones en las que se pudiera producir una utilización abusiva del convenio.
Por lo que se refiere a la entrada en vigor del nuevo convenio, ésta se producirá con el intercambio de los instrumentos de ratificación, si bien, y esto es lo más relevante, se ha establecido, como se decía, la aplicación retroactiva del mismo al 1 de enero de 2013, momento en el cual el convenio denunciado dejó de ser aplicable.
De esta manera, se evita la ausencia de un convenio, que sería un desincentivo a la inversión española, por la inseguridad que conllevaría y porque podría suponer un aumento de la carga fiscal de las empresas españolas instaladas en Argentina.