MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes por tres votos frente a dos conceder al juez suspendido Baltasar Garzón la situación de "compatibilidad por periodo de un año" para poder ejercer como asesor del Gobierno colombiano dentro de la misión que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene en ese país.
La decisión se ha adoptado teniendo en cuenta un informe que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que señala que no existe inconveniente alguno para que el juez suspendido de la Audiencia Nacional viaje a Colombia para ejercer de asesor.
Concretamente, el Supremo ha comunicado al CGPJ que "no se han adoptado en ninguna de las tres causas seguidas frente al mencionado magistrado medidas cautelares que impidan su residencia fuera de España".
Igualmente, el CGPJ ha tenido en consideración un documento de la propia OEA, de fecha 9 de mayo de 2011, en el que se señala que, como consultor, Garzón "no tendrá ningún tipo de inmunidad que afecte a la situación procesal que pueda tener en España".
EFECTOS ECONÓMICOS
La autorización se concede por entender el CGPJ que se mantienen las mismas circunstancias que se tuvieron en cuenta en mayo de 2010, cuando se dio permiso a Garzón para ejercer de asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) pese a haber sido suspendido a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de sentarle en el banquillo por el caso de la Memoria Histórica. Contra esta decisión han mostrado su discrepancia los vocales Almudena Lastra y Antonio Dorado, han informado fuentes del Consejo.
Los otros tres vocales que conforman la Comisión Permanente, además de conceder el permiso, entienden que los efectos económicos del acuerdo deberán ajustarse a las previsiones de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Durante el debate de este asunto en la Comisión Permanente, Lastra ha fundamentado su discrepancia en el hecho de que, con carácter general, no es posible conceder compatibilidad a quien no ejerce actualmente jurisdicción y por lo tanto no ve afectado el ejercicio de su función, como es el caso de Garzón.
A juicio de esta vocal, la actividad que se pretende desarrollar Garzón de Colombia es de carácter internacional, por período superior a seis meses, y por ello no estamos ante una actividad compatible, sino ante un supuesto de los que acarrean la declaración en la situación administrativa de servicios especiales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Antonio Dorado Picón entiende por su parte que no procede la concesión de compatibilidad dada la situación administrativa en que se encuentra el solicitante, y añadiendo además que la declaración en la situación de servicios especiales en la carrera judicial no le fue reconocida por este mismo Consejo el año pasado.
CONFIRMADO POR SANTOS
El pasado 11 de abril, el propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de visita en España, confirmó que Baltasar Garzón asesorará a su Gobierno colombiano en temas relacionados con el proceso de paz en ese país cuando termine la labor que desarrolla en el TPI.
Durante la rueda de prensa conjunta que ofreció con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, Santos confirmó que Garzón asesorará a su Gobierno dentro de la misión que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene establecida en Colombia en cuanto termine la asesoría que presta en la actualidad al fiscal del TPI Luis Moreno Ocampo.
El pasado mes de diciembre, la Comisión Permanente del CGPJ prorrogó de forma indefinida el permiso concedido Garzón para trabajar para la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) con los votos a favor del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles, y también se registró el voto en contra de Antonio Dorado y la abstención de Almudena Lastra.
A Garzón le había sido concedido en mayo de 2010 un primer permiso de siete meses para trasladarse a La Haya, si bien no se le otorgó el estatus de juez "en servicios especiales" que Garzón había solicitado. Actualmente acumula dos suspensiones, pues está procesado por supuesta prevaricación tanto en el caso de la Memoria Histórica en el que le juzgará por ordenar intervenir conversaciones de imputados de la trama "Gürtel" con sus abogados en prisión.