MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del caso de la muerte del capo colombiano Leónidas Vargas ha asegurado este viernes que los presuntos autores de los hechos habían creado una "pequeña empresa" delictiva para atentar contra él, una película de los hechos que niegan los abogados de la defensa, que piden la absolución de sus clientes por falta de pruebas.
La Fiscalía de Madrid solicita penas que suman 157 años de prisión por el asesinato del que fuera jefe del cártel de Caquetá. En el banquillo de los acusados se sientan el colombiano Alexander S.C.; el rumano Andrei A.C.; el colombiano José Jonathan F.O.; el venezolano Edgar Andres O.F.; el colombiano Jonathan M.R.; Jonathan Andrés O., también de Colombia,; y su compatriota Yuli Carolina O.R.
Durante la vista celebrada este martes, todas las partes han expuesto al jurado sus argumentos para defender o incriminar a los acusados. Este miércoles comenzarán a testificar los siete detenidos por los hechos en una sesión que podrá prolongarse por la tarde, según ha indicado el juez.
El fiscal se ha referido también a la pequeña empresa como "oficina de cobros" dirigida por Jonathan F., que habría recibido, junto a Edgar Andrés, la orden matar a Leónidas Vargas por parte de unas personas aún desconocidas.
Una parte principal de las exposiciones tanto del Ministerio Público como de los abogados de la defensa han sido las grabaciones de conversaciones de los teléfonos de los detenidos, base del inicio de la operación policial. Concretamente, uno de los encausados, Alexander S.C., supuestamente habló con el jefe del grupo, Jonathan F., en una zona cercana al Hospital 12 de Octubre en mismo día que allí mataron al capo colombiano. Ese número había sido reconocido como propio por Alexander en una detención anterior por otro asunto en Jaén.
El fiscal, Carlos Díaz, ha conformado un "puzzle" en el que ha explicado el papel de cada uno de los procesados. Así, según su versión, José Jonathan F. se puso en contacto con la acusada Yuli Carolina, quien a su vez convenció al acusado Jonathan Andrés O. para que a cambio de un precio ejecutara materialmente la muerte del capo.
Por su parte, Alexander S.C. recogió a Jonathan Andrés O., entregándole una pistola y llevándole al hospital. En la entrada le esperaba José Jonathan F.O., Edgar Andrés O.F. y Jonathan M.R. Una vez allí, Jonathan M.R., cubierto con una gorra entró sobre las 19.30 horas del 8 de enero de 2009 en el hospital, seguido de Jonathan Andrés O., quien también llevaba una gorra y cubría la cara con una braga negra, a quien indicó la habitación en la que estaba ingresado Vargas y le disparó cinco tiros.
LOS ABOGADOS INSISTEN EN "FALTA DE PRUEBAS"
Los diferentes letrados de la defensa han intentado desmontar estos argumentos y desacreditar las conversaciones aludiendo la falta de peritajes de las voces o que los móviles no eran suyos. También han señalado que no había ningún plan u organización criminal para llevar a cabo el crimen.
Concretamente, durante la vista, el abogado de Edgar Andrés, Juanjo Santelesforo, ha señalado que si la muerte hubiera estado tan planificada incorporarían un delito de asociación ilícita y no se enjuiciaría el caso con un jurado popular. Asimismo, ha indicado que alguno de los métodos policiales durante la operación pudieron no ser lícitos y ha criticado el "rompecabezas" que quiere armar el fiscal no cuadra y, a su entender, hay que "cortar algunas piezas con unas tijeras y apretarlas con el puño para que encajen".
Por su parte, la defensora del supuesto autor material de la muerte, María Luisa Pérez, ha manifestado que se enfrenta al juicio como "un gran reto" porque es abogada de oficio y puesto que cree en la inocencia del acusado Jonathan Andrés por "ausencia de pruebas". "Parece que la pieza del puzzle que faltaba el fiscal la metió a capón", ha apuntado.
En el mismo sentido, el abogado de Jonathan M., Vicente Prado, ha negado que las pruebas existentes cierren el círculo del que habla el fiscal y que dicho círculo "se rompe en determinadas ocasiones". Asimismo, ha asegurado que también ha impugnado las escuchas telefónicas porque "no se ajustan a la realidad".
Por otro lado, el defensor de la única mujer acusada, Yuli Carolina --que no ha dejado de llorar en toda la sesión--, Jacinto Guerra, ha subrayado que no existen pruebas que relacionen a la joven con los hechos y que "no conocía de nada" a Vargas. Ha justificado que comprara a Jonathan Andrés los billetes para que volara desde Lanzarote a Madrid porque habían tenido una intensa relación sentimental. Igualmente, ha resaltado su papel de madre de dos hijos y de mujer trabajadora y que está viviendo una situación "dramática".