El ministro y su homólogo mauritano firman cuatro convenios para impulsar la cooperación judicial frente a la inmigración ilegal
MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no descartó hoy una posible reforma de Ley de Extranjería, siempre y cuando "obedezca a un consenso" de las fuerzas políticas. No obstante, López Aguilar insistió en que el Gobierno "combina ayuda al desarrollo y, al mismo tiempo, lucha contra la criminalidad organizada" en materia de inmigración ilegal.
De esta manera, el titular de Justicia respondió a la propuesta del líder del PP, Mariano Rajoy, para modificar esta normativa y evitar así nuevas regularizaciones masivas. No obstante, el ministro precisó que en el debate sobre la inmigración ilegal "están invitados todos menos los demagogos y los charlatanes", al igual que tampoco lo están, según dijo, "aquellos que hacen creer que la legislación es la clave de un efecto llamada".
En este sentido, López Aguilar aseguró que la propuesta popular de reformar la Ley de Extranjería pone de manifiesto "una vez más la falta de rigor" del PP durante su Gobierno y afirmó que entonces fue "ineficaz" por reformar "una y otra vez el Código Penal".
Igualmente, el ministro insistió en que "los extranjeros irregulares no tienen cabida en la sociedad española porque su llegada constituye un fraude a las normas de convivencia" y añadió que estos "serán devueltos o repatriados", una vez identificados sus países de origen.
"El inmigrante ilegal está sujeto a Ley de Extranjería, que dispone que los indocumentados sean trasladados a un centro de estancia temporal para poner en marcha un expediente de devolución", apuntó López Aguilar, quien reseñó que "esto tiene lugar todos los días" con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales, subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
CONVENIOS JUDICIALES
López Aguilar realizó estas declaraciones durante la firma con su homólogo mauritano, Mahfoudh Ould Bettah, de cuatro convenios judiciales para impulsar la cooperación entre los dos países frente a la inmigración ilegal. En concreto, se trata de acuerdos de extradición, traslado de personas condenadas, asistencia judicial penal y en materia civil y mercantil.
Según el ministro, estos convenios permitirán sentar las bases de una estrecha colaboración en asuntos de la mayor importancia, como la lucha contra la criminalidad organizada y el tráfico de seres humanos. "Los convenios son el resultado de un proceso de negociaciones que ha terminado con éxito", apuntó López Aguilar, quien añadió que se trata de "reforzar el entendimiento y la voluntad de trabajar juntos en ámbitos de interés común".
Asimismo, López Aguilar resaltó que el Ejecutivo socialista "toma en serio su proximidad con el continente africano". Por ello, insistió en la necesidad de emprender una política exterior que priorice a África mediante "acciones estratégicas de ayuda al desarrollo y búsqueda de compromisos activos para hacer frente a problemas comunes".
Por su parte, el ministro mauritano apuntó que su Gobierno "está decidido a dar el máximo apoyo a España para controlar este fenómeno y limitar el frujo migratorio sólo a inmigrantes legales". Igualmente, señaló que la firma de estos convenios busca "un conjunto de instrumentos que refuercen la asistencia judicial mutua y la voluntad de trabajar juntos".
FIRMA DEL TRADICIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL
Respecto al convenio de extradición entre Mauritania y España, López Aguilar explicó que permitirá agilizar los procedimientos existentes. En dicho acuerdo se establecen las razones que implican la denegación obligatoria de la extradición. El convenio incluye los delitos de tipo político, con la exclusión de los actos terroristas.
El titular de Justicia apuntó que el acuerdo sobre asistencia judicial penal responde a la necesidad de contar con un instrumento de cooperación que aporte seguridad jurídica en las relaciones entre ambos países. Sobre el convenio de asistencia judicial civil y mercantil, dijo que sientan las bases para incrementar la seguridad jurídica con la que operan las inversiones españoleas presentes en el país africano.
Según el ministro, el convenio de traslado de personas condenadas supone "un instrumento humanitario, atendiendo a su objetivo de reinserción social". Igualmente, señaló que permitirá al condenado en uno de los dos países cumplir la condena que le corresponde en su país de origen, facilitando con ello su integración.