MADRID (Reuters/EP) - El Gobierno español informó el viernes que otorgó la residencia y un permiso de trabajo a un inmigrante ilegal boliviano, luego de que su brazo fue mutilado por una máquina en el lugar donde trabajaba y cuyos dueños arrojaron el miembro amputado a la basura.
El boliviano, quien no podrá recuperar su brazo izquierdo, está demandando al propietario de la panificadora industrial de Gandía, en Valencia, donde trabajaba desde hace dos años, dijeron fuentes sindicales.
"El trabajador accidentado Franns Rilles Melgar ha sido regularizado por razones extraordinarias", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se adoptó la medida.
El inmigrante boliviano trabajaba en el lugar de manera ilegal ganando 23 euros (32 dólares) al día por un turno de 12 horas y no pudo recuperar su brazo cortado a la altura del bíceps.
Un juzgado de Gandía abrió una investigación sobre las circunstancias del suceso y llamó a declarar en calidad de imputados a los dos hermanos responsables de la panificadora -conocidos como "Los venenos" según medios-, aunque no ha fijado fecha para el interrogatorio, informó el viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
De la Vega explicó que desde el momento de conocerse los hechos, la Inspección de Trabajo fue al lugar y constató la existencia de "graves deficiencias de seguridad e higiene" por lo que ordenó el cierre del local.
Sindicatos han denunciado los altos índices de siniestralidad entre los inmigrantes ilegales empleados en las centenares de miles de empresas de construcción y del sector servicios.
El número de extranjeros en España ha aumentado hasta el 12 por ciento de la población total.
Pero actualmente, con el colapso del mercado de propiedades como una de las causas del alza del desempleo a una elevada tasa del 18 por ciento en Europa, el Gobierno está tratando de persuadir a trabajadores extranjeros a volver a sus países y planea incrementar multas a quienes los empleen ilegalmente.