LA PAZ, 21 Feb. (Notimérica) -
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se juega este domingo su futuro el frente del Palacio de Gobierno boliviano después de que los ciudadanos decidan con una votación la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que implica la posible postulación como candidato en las próximas elecciones de 2019.
Si en la votación del Referéndum Constitucional sale favorable a la reforma del artículo 168, el presidente Evo Morales podría estar 15 años al frente de Bolivia, un récord que ningún mandatario latinoamericano habría alcanzado de forma democrática.
Morales --Movimiento al Socialismo (MAS)-- cumplió el pasado 22 de enero 10 años a la cabeza del gobierno boliviano. Iniciado en el año 2006 con el 53,7 por ciento de los votos, ha sido reelegido en dos ocasiones más con un aumento del respaldo de los ciudadanos.
El primer líder indígena de Bolivia aseguró al cumplir los diez años de mandato el pasado 22 de enero que su Gobierno ha cambiado la imagen del país a nivel nacional e internacional.
Cuatro años después de llegar al poder en 2006, se llevó a cabo una reforma constitucional que implicaba que los mandatos tendrían una duración de cinco años en lugar de cuatro, y solo podrían ser reelegidos en su cargo una sola vez.
En el año 2009 se celebraron nuevas elecciones, en las cuales alcanzó la victoria con un 64,22 por ciento. En 2014 logró de nuevo la victoria en las elecciones presidenciales, donde a pesar de bajar en apoyos, la popularidad de Morales seguía siendo evidente, donde consiguió el 61,36 por ciento.
Muchos son los que aseguran que Morales logró sacar al país de la crisis que se produjo con 'La Masacre de Octubre' en 2003, relacionada con la exportación de gas natural de Bolivia a Estados Unidos y a México por Chile.
Morales firmó el Decreto 28701 Héroes del Chaco, con el fin de retomar el control y nacionalizar los recursos naturales del país, solucionando así esta crisis. Esto permitió que Bolivia ingresara mayores recursos por la venta de hidrocarburos en el ámbito internacional y supuso la reducción de la pobreza extrema del país así como una mejora en las condiciones de vida de la población.
Asimismo, el gobierno de Morales consiguió que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aprobara la demanda de negociación formal planteada por Bolivia a Chile, un hecho que se considera histórico en el país después de la firma del Tratado de 1904, consecuencia de la Guerra del Pacífico.
Otro de los logros conseguidos en estos diez años han sido las políticas sociales, como por ejemplo los Bonos Juancito Pinto en educación, implantado en el 2006 y que favorece el incremento de la matriculación escolar y reducir la deserción, así como disminuir la transmisión inter-generacional de la pobreza, aliviando los costos indirectos de la educación pública.
El bono Juana Azurduy se creó por decreto supremo en 2009, un incentivo económico que reciben las madres bolivianas para reducir la mortalidad materno infantil y la desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años en todo el país.
No obstante, no todo ha sido positivo. La corrupción y el desacreditado sistema judicial de Bolivia son asuntos que ensombrecen la trayectoria del mandatario al frente del país andino.
La Constitución de 2009 previó elecciones judiciales con el fin de reformar los altos tribunales de Bolivia, pero la Asamblea Legislativa Plurinacional seleccionó a candidatos a través de un proceso que careció de transparencia y no consideró adecuadamente sus aptitudes.
Asimismo, los detractores del presidente le acusan de querer aferrarse al poder y de ir cambiando los límites de los mandatos a su conveniencia. En la campaña de las elecciones de 2014, Morales aseguró que acabado su tercer mandato en 2019, se retiraría de la política para montar un restaurante.
Uno de los últimos escándalos que ha salpicado al gobierno boliviano en las últimas semanas es la presunta adjudicación de numerosos proyectos estatales a la empresa china CAMC Engineering (Camce), de la cual es gerente comercial Gabriela Zapata, la expareja del mandatario con la que tuvo un hijo en 2007 --fallecido poco después.
De acuerdo con los diarios locales, esta firma se habría hecho con licitaciones directivas por valor de 566 millones de dólares. Esta noticia ha generado importantes críticas entre a la opinión pública en uno de los peores momentos para el presidente, pues este escándalo repercutirá en la votación del referéndum.