MÉXICO DF, 6 Sep. (Reuters/EP) -
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de revisar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México, ha desmontado la versión oficial, que sostiene que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula por un grupo criminal y atribuye en cambio el crimen a efectivos de las fuerzas federales.
Los expertos, dependientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado un gran número de fallos en la investigación y han asegurado que hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados.
Esta postura contradice la "verdad histórica" presentada el pasado mes de enero por la Procuraduría General de la República. Los expertos, entre los que se encuentran la fiscal colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, solicitaron un peritaje al especialista peruano José Torero --quien participó en los estudios posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York-- cuya conclusión es que en el basurero no se produjo un incendio de las proporciones suficientes como para quemar 43 cuerpos.
Torero estima que para incinerar 43 cuerpos deberían de haberse utilizado 30,1 toneladas de madera y el fuego tuvo que arder durante 60 horas. Además, la llama tendría que haber alcanzado siete metros y el humo 300 metros, lo que habría llamado la atención de la población.
"Hay enormes contradicciones entre el peritaje y las versiones dadas por los inculpados (...). Ese evento (la quema en Cocula), tal y como ha sido descrito, no pasó", ha asegurado otro de los integrantes del grupo de expertos de la CIDH, el español Carlos Beristain. "Debe darse un replanteamiento general de la investigación en base a estos datos", ha añadido Beristain.
Durante la presentación del informe en México DF han estado presentes familiares de los normalistas desaparecidos y han mostrado sus imágenes para reivindicar su memoria.
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres murieron en durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
El informe del GIEI, de 500 páginas, ha sido entregado este domingo al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, después de presentarlo. Por el momento ningún organismo oficial ha reaccionado ante estas conclusiones, pero organizaciones de la sociedad civil han destacado ya que el informe confirma sus sospechas.
"Este informe proporciona una acusación totalmente condenatoria al manejo de México de la peor atrocidad de los derechos humanos en la historia reciente", ha declarado el director para las Américas de Human Rights Watch, José Vivanco.
POSIBLE MÓVIL DEL CRIMEN
Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.
Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.
Por otra parte, el GIEI ha destacado la información confusa que dieron las autoridades sobre la existencia de un quinto autobús en el que viajaban los estudiantes y que podría haber contenido drogas o dinero del cártel Guerreros Unidos, que opera en la zona, y que éste trató de recuperar en complicidad con fuerzas de seguridad.
"La acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel", indica el informe en relación al móvil del crimen. Por ello, emplaza a la Procuraduría General de la República a ahondar en la investigación de este punto, basado en que Guerreros Unidos utiliza autobuses para trasladar heroína a Chicago, uno de sus principales mercados.
Los expertos realizaron decenas de entrevistas con detenidos, supervivientes y testigos, pero no se les permitió hablar con militares que estuvieron presentes esa noche en distintos puntos de Iguala.