MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, ha afirmado que la corrupción es "como una enfermedad" que hay que reconocer como primer paso para poder curar y ha reivindicado el papel "fundamental" de la sociedad civil y sus movilizaciones para poder procesar al ya expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, implicado en un escándalo de corrupción.
"La corrupción es como una enfermedad que hay que reconocer para poder curar", ha afirmado Aldana durante su intervención en el foro EUROsociAL que se celebra desde este lunes en Madrid.
La fiscal ha subrayado que la función de los organismos de investigación no es "linchar políticamente, sino llevar ante los jueces y las jueces a los responsables de corrupción" porque este tipo de delitos "lesionan los intereses de las personas más pobres".
Aldana ha destacado además la importancia de garantizar una justicia y unos organismos de investigación independientes, que la legislación del país sea favorable y que haya un presupuesto y una estructura adecuadas para poder desarrollar su labor.
En ese sentido, ha recordado que en Guatemala, la Fiscalía tiene presencia solo en 30 de los más de 300 municipios en los que está dividido administrativamente el país. "Fortalecer el sistema de justicia es fortalecer la democracia de nuestros pueblos", ha apostillado.
TOLERANCIA CERO CON LA CORRUPCIÓN
Aldana ha recordado que hasta hace bien poco, Guatemala entendía que la corrupción formaba parte de sí y la gente decía "Que robe, pero poquito" o "Que robe, pero que haga cosas", pero esto ha cambiado desde el 16 de abril.
En esa fecha comenzaron a realizarse detenciones de altos cargos por el escándalo de corrupción conocido como La Línea, que finalmente propició el fin del mandato presidencial de Pérez Molina.
"Guatemala ha cambiado. Ya no se dice 'que robe, pero poquito'. Ahora se dice 'tolerancia cero con la corrupción'", ha explicado Aldana, que ha resaltado la importancia de las 20 semanas de movilización de la juventud guatemalteca. "Manifestaciones pacíficas y cívicas" en las que las familias iban con sus hijos e hijas para "inculcarles la intolerancia a la corrupción".
COHESIÓN SOCIAL
En esta edición de EUROsociAL --un foro de diálogo político entre Europa y América Latina-- han participado otros cargos públicos que han tratado sobre políticas de bienestar social en América Latina y Europa y discutido cómo compatibilizar el gasto en integración social con la necesidad de ajustar los presupuestos públicos.
El ministro de Acción Social de Paraguay, Héctor Cárdenas, ha defendido unas "políticas fiscales más fuertes" y ha recordado que en América Latina la media de presión tributaria es del 20 por ciento, mientras que en países como el suyo apenas llega al 15 por ciento. "Hay mucho que avanzar", ha opinado.
En cambio, Olga Sánchez, ministra de Planificación de Costa Rica, ha defendido la financiación público-privada y el fomento de la eficacia del sector público, además de corresponsabilizar de las políticas sociales al sector privado. Comparte esta perspectiva la ministra de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Eslovenia, Anja Kopac, quien destaca que en su país el Estado no es el principal proveedor de políticas de bienestar.
Otros ponentes han apuntado a la necesidad de adaptar las política sociales a las especificidades de cada sociedad y atender a grupos vulnerables por razón de género, raza o etnicidad en especial en América Latina, la región del mundo más desigual y, a pesar de todo, la única en la que en los últimos años se ha reducido la desigualdad.
El cierre ha estado a cargo de Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE), que ha pedido comenzar a medir el bienestar para poder así tratar con los ministerios de Hacienda con datos concretos. Así, ha puesto como ejemplo Túnez, un país donde a pesar de que se crecía a un ritmo del 5 por ciento anual se produjo un estallido social conocido ya como la Revolución de los Jazmines.