CIUDAD DE GUATEMALA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Guatemala ha pedido diez años de prisión para el ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) y dos de sus ex ministros acusados del desvío de una millonaria suma de dinero desde el Ministerio de Defensa hacia sus cuentas personales.
La solicitud ha sido presentada por la fiscal Eunice Mendizábal ante el Tribunal Undécimo de Sentencia que lleva la causa contra Portillo, el ex ministro de Defensa Eduardo Arévalo Lacs y el antiguo titular de Finanzas Manuel Maza Castellanos. La Fiscalía pide además que los tres acusados sean inhabilitados para que no puedan ejercer ningún cargo público.
"Lo que pedimos es que no tengan derecho a ser electos a través del voto en elecciones populares ni que puedan ser contratados en la administración pública", ha explicado Mendizábal en declaraciones citadas por medios locales.
El ex mandatario y los dos ex ministros han sido acusados de desviar 120 millones de quetzales (unos 10,7 millones de euros) del Ministerio de Defensa a unas cuentas personales, cuando Arévalo Lacs era titular de ese despacho durante el Gobierno de Portillo.
Según la Fiscalía, Portillo "autorizó" una transferencia de 10,7 millones de euros al Ministerio de Defensa mediante el "Acuerdo Gubernativo 16-2001", dinero que posteriormente fue desviado a otras cuentas bancarias mediante cinco transferencias. De ese dinero, 30 millones de quetzales (2,69 millones de euros) fueron entregados a José Armando Llort Quiteño, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional.
Portillo --también acusado de delitos económicos en Francia y Estados Unidos-- fue detenido el 26 de enero de 2010. Su juicio comenzó el pasado 21 de enero y representa un hecho inédito en Guatemala, ya que nunca antes se había procesado a un jefe de Estado por delitos cometidos durante su mandato.
El Tribunal Undécimo de Sentencia podría emitir un veredicto en las próximas semanas, según revelan medios locales. En caso de que Portillo sea hallado culpable deberá cumplir la condena en Guatemala y posteriormente enfrentarse a los procesos judiciales en Francia y Estados Unidos. Si es absuelto, el ex mandatario permanecería en prisión a la espera de su extradición a territorio norteamericano.