MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a las autoridades de Guatemala a detener los desalojos forzosos de las comunidades campesinas indígenas que han dejado hasta el momento a 2.500 personas sin hogar y han provocado la muerte de una persona.
Según los informes, las fuerzas de seguridad emplearon entre los días 15 y el 18 de marzo gases lacrimógenos durante los desalojos de doce comunidades campesinas q'eqchi de las tierras del valle del Polochic, al noreste del país.
El agricultor Antonio Beb Ac murió durante estas acciones y dos personas padecieron presuntamente complicaciones de salud provocadas por los gases lacrimógenos. Asimismo, otras dos comunidades, compuestas por unas 300 personas, corren peligro de sufrir desalojos forzosos.
"Hasta el momento, los desalojos en el valle del Polochic se han llevado a cabo sin la consulta, el aviso ni el ofrecimiento de alojamiento alternativo adecuado y se les debe poner fin de inmediato", señaló el investigador sobre Guatemala de AI, Sebastián Elgueta.
"Miles de personas han perdido sus hogares y medios de vida", lamentó Elgueta, quien agregó que "sin un techo, alimentos ni agua, son vulnerables a sufrir nuevos abusos, por lo que las autoridades deben protegerlas".
Asimismo, indicó que "las autoridades deben garantizar que la investigación sobre la muerte de Antonio Beb Ac sea imparcial y exhaustiva, que los resultados se hagan públicos y se ponga a los responsables a disposición judicial."
El pasado 7 de febrero, un juez dictó la orden de desalojo de catorce comunidades a raíz de un conflicto por la propiedad de las tierras entre una empresa local que reivindica su potestad sobre las mismas y la población q'eqchi, que sostiene que ha vivido en estas tierras y las ha cultivado durante tres décadas años.
Miembros de las comunidades indígenas se reunieron el pasado 14 de marzo con las autoridades para tratar de resolver el conflicto. Sin embargo, un día después la Policía y el Ejército comenzaron los desalojos forzosos sin aviso ni advertencia previa, en las fincas de Miralvalle y Agua Caliente.
Los días posteriores se arrasó supuestamente la finca Quinich quedó arrasada y se desalojaron nueve comunidades más, entre las cuales había dos que, según los informes, fueron desalojadas por error.
En las comunidades de San Miguelito y Campanas, 60 familias (unas 300 personas) siguen corriendo peligro de ser desalojadas a la fuerza, según AI.
La Oficina de la Presidencia advirtió de que las órdenes de desalojo se ejecutarían con efecto inmediato, pero no precisó si se haría atendiendo al derecho internacional.
Amnistía Internacional puntualizó que le preocupa que los desalojos forzosos se puedan llevar a cabo, como ya ha sucedido en el pasado, sin consultar con las comunidades afectadas ni ofrecerles alojamiento alternativo adecuado.
"Se deben respetar los Derechos Humanos de todas las personas", indicó Elgueta. "Las autoridades guatemaltecas deben garantizar que se protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas más vulnerables, así como los de otros colectivos marginados", sentenció el encargado de Guatemala de AI.