MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad 'CEIBA', Natalia Atz Sunuc, y Paula Irene del Cid Vargas, miembro de la asociación feminista de La Cuerda de Guatemala, han denunciado este martes la violación de los Derechos Humanos de la población guatemalteca para favorecer el desarrollo económico y la implantación de empresas transnacionales.
"Queremos denunciar la violación a los Derechos Humanos que se está produciendo en Guatemala, a partir de lo que llamamos la política extractiva por las empresas transnacionales", ha afirmado Vargas, en una mesa redonda en el Congreso de los Diputados. "En Guatemala estamos viendo una serie de violaciones de los Derechos Humanos a partir de la llegada de las transnacionales", la ha apoyado Sunuc.
La política extractiva en Guatemala consiste en dejar los recursos naturales del subsuelo en manos de empresas extranjeras. Con estas políticas se pretende favorecer el desarrollo económico en el país, pero tal y como ha señalado la coordinadora de CEIBA, no es algo que se esté produciendo.
"Actualmente, en Guatemala hay muchas empresas extranjeras. Sin embargo, estamos viendo como el nivel de desnutrición del país es el primero en América Latina y el cuarto a nivel mundial. Por lo que la implantación de estas empresas no está generando desarrollo en la comunidad a pesar de que el PIB subió", ha explicado Sunuc.
"Lo que se está cuestionando es el modelo de desarrollo que se está llevando en Guatemala desde Europa, que está significando el asesinato de líderes comunitarios, la persecución política de líderes y lideresas y la persecución también de los defensores de los Derechos Humanos", ha añadido.
Vargas ha denunciado también que en aquellas comunidades indígenas que se resisten a la implantación de empresas transnacionales se utiliza la violencia sexual para amedrentar a las mujeres. "Sabemos de compañeras a las que llaman o les mandan mensajes amenazándolas para que dejen de resistirse porque si no las van a violar a ellas o a sus hijas. Otras compañeras fueron violadas durante un desalojo", ha declarado.
Las asociaciones guatemaltecas han revelado como el Gobierno está utilizando al Ejército para favorecer los intereses de las empresas transnacionales. Ambas han narrado como el 4 de octubre de 2012, en una población del municipio de Chiché, en el oeste de Guatemala, fueron asesinadas 9 personas a manos del Ejército cuando se manifestaban en contra del alza de los precios y de la privatización de la educación. En el juicio que se está celebrando en la actualidad, las fuerzas del orden aseguran que se rompió la cadena de mando y no asumen la responsabilidad de lo que hicieron.
"La actuación del sistema de justicia guatemalteco es totalmente parcial, favorable a las empresas", se ha lamentado un miembro del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Hegoa, Javier González.
"Un claro ejemplo es que en Guatemala cuando las organizaciones sociales presentan denuncias, que van desde asesinatos de líderes y lideresas a amenazas, pasando por todo tipo de coacciones, normalmente éstas son archivadas y muy, muy rara vez llega a iniciarse el proceso judicial. Cuando es la empresa transnacional la que presenta una demanda contra personas de las comunidades, ocurre todo lo contrario: en 24 horas se emiten órdenes de captura contra los líderes y lideresas sociales", ha expresado.
"La gente en Guatemala lo que está pidiendo es respeto a los Derechos Humanos, está pidiendo que se respeten los derechos de pueblos indígenas", ha señalado Sunuc.
"Queremos difundir esto porque no se habla ya de ello en los medios masivos de comunicación y menos aquí, en el exterior. Quisiéramos que se conformaran misiones de verificación, para que vean realmente lo que sucede", ha concluido Vargas.