SAN JOSÉ, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó este lunes al Estado de Guatemala por no investigar la masacre de 251 personas en el barrio de Las Dos Erres, en el departamento de Petén, entre los días 6 y 8 de diciembre 1982, durante la dictadura militar del general José Efraín Rios Montt.
"La Corte constata que la masacre de Las Dos Erres se enmarcó en un contexto sistemático de violaciones masivas a los Derechos Humanos en Guatemala, en el cual ocurrieron múltiples masacres", sosteniene la sentencia del organismo judicial, con fecha del 24 de noviembre aunque publicada este lunes.
"Dicha masacre fue ejecutada por miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de Guatemala denominados kaibiles1. Entre los habitantes del Parcelamiento se encontraban niños, mujeres y hombres. Las personas ejecutadas, habrían sufrido previamente golpes y maltratos, así como muchas mujeres habrían sido violadas y golpeadas hasta el punto de sufrir abortos", precisa la sentencia.
La CIDH sostiene que la masacre de Las Dos Erres constituye una de las 626 masacres ejecutadas "con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado" guatemalteco durante la dictadora del general Ríos Montt con el objetivo de "aterririzar a la población" y dirigidas contra personas "definidos como enemigo".
La Corte, integrada por siete jueces, reconoce que en la audiencia pública del caso "el Estado reconoció su responsabilidad por los hechos ocurridos en el Parcelamiento de Las Dos Erres y que tal reconocimiento no fue objeto de controversia".
En su sentencia de este lunes, la CIDH considera "evidente" que el Estado guatemalteco "debe investigar seriamente a todos los presuntos responsables" de la matanza, incluida "la participación intelectual de altos oficiales y funcionarios estatales" tras admitir que "el actuar de la judicatura del Estado y la falta de voluntad y desinterés de las autoridades" a la hora de investigar esta masacre "han impedido el acceso a la justicia de las víctimas y convertido el aparato judicial en un sistema indiferente ante la impunidad".
Por ello, obligará al Estado guatemalteco a exhumar los restos de las personas asesinadas durante la matanza con el objetivo de "identificar y entregar" sus restos a los familiares, a los que además el Estado deberá garantizar atención médica y psicológica si lo piden.
También reclama al Estado el pago de 20.000 dólares en conceto de compensación para cada uno de los familiares de las víctimas y otros 66.000 dólares para compensar daños materiales, inmateriales y el coste del proceso judicial y, asimismo, obligará al Estado a eregir un momumento para rendir honor a las víctimas de la masacre.
La CIDH insta en la sentencia al Ejecutivo guatemalteco a investigar la masacre "con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables" de la misma y, asimismo, le reclama adoptar sanciones administrativas o penales "contra las autoridades del Estado que puedan haber cometido y obstaculizado la investigación de los hechos".
También obligará al Estado a impulsar cursos en materia de derechos humanos a las autoridades estatales y en materia de Derecho Humanitario Internacional a las Fuerzas Armadas.