CIUDAD DE GUATEMALA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal guatemalteco condenó este jueves al coronel retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa y a tres ex comisionados militares a 53 años de cárcel por su papel en ocho desapariciones ocurridas en 1981, en el marco de una guerra civil que se prolongó durante 36 años y de la que la Justicia empieza ahora a exigir cuentas.
Los acusados, Sánchez Samayoa, José Domingo Ríos, Gabriel Álvarez Ramos y Salomón Maldonado Ríos, defendieron su inocencia durante todo el proceso y no reconocieron la autoría de ocho detenciones en octubre de 1981 en la aldea El Jute. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Chiquimula (sureste del país) no lo entiende así y los ha condenado por delitos de desapariciones forzadas.
La Fiscalía había llegado a pedir para cada uno de los acusados 570 años de cárcel, alegando que existía una cadena de mando en el Ejército mediante la cual se ordenaban prácticas cruentas contra la población civil en un contexto de lucha contra la guerrilla.
El juez encargado de leer el veredicto, Víctor Ricardo Villeda Recinos, ordenó abrir un proceso contra el ex ministro de Defensa Ángel Aníbal Guevara y el también general Benedicto Lucas García, que en esa época ejercía como jefe del Estado Mayor de la Defensa, informó el diario 'Prensa Libre'.
La primera condena por este tipo de delitos data del pasado septiembre, cuando el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj fue sentenciado a 150 años de cárcel por la desaparición de seis personas entre 1982 y 1984 en Chimaltenango.
Se calcula que en torno a 250.000 personas, la mayoría de ellas indígenas mayas, murieron durante el conflicto que enfrentó a la guerrilla con el Gobierno entre 1960 y 1996. Además, unas 45.000 personas desaparecieron durante esa época en aparentes acciones de las autoridades guatemaltecas.