"Están cometiendo ilegalidades conmigo", denuncia Portillo, que alega que está "enfermo" y quedan recursos por resolver
CIUDAD DE GUATEMALA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Guatemala ha extraditado este viernes a Estados Unidos al expresidente Alfonso Portillo, investigado en el país norteamericano por el presunto blanqueo de 70 millones de dólares (53,5 millones de euros).
La Corte de Constitucionalidad guatemalteca ya autorizó en agosto de 2011 dicho traslado, con la única condición de que Estados Unidos respetase las garantías individuales de Portillo. Tres meses después, el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, firmó la orden ejecutiva.
Los abogados de Portillo, presidente entre los años 2000 y 2004, han tratado hasta el último momento de frenar el traslado del antiguo mandatario e incluso este viernes han presentado un 'habeas corpus' tras conocer el permiso definitivo aprobado por el Ministerio de Gobernación, según el periódico 'Siglo 21'.
Las fuerzas de seguridad han acudido este viernes por la mañana a buscar a Portillo al Centro Médico Militar donde se encontraba ingresado desde abril debido a problemas respiratorios. Se da la circunstancia de que en este mismo centro también está el exdictador José Efraín Ríos Montt, condenado a 80 años de cárcel en una sentencia que la Corte de Constitucionalidad anuló esta semana.
A las 9.45 (hora local), Portillo abandonó el Centro Médico Militar a bordo de una patrulla que lo trasladó a la base de la Fuerza Aérea Nacional, ha informado el periódico 'Prensa Libre'. Ya allí, cuatro agentes norteamericanos escoltaron a Portillo hasta el avión que debía trasladarle a Estados Unidos.
"Están cometiendo ilegalidades conmigo, desde el principio han violado mis derechos, el poder judicial y ahora el ministro de Gobernación autoriza mi extradición", ha lamentado el propio Portillo, en declaraciones a una radio local. El exmandatario ha dicho sentirse víctima de un "abuso" porque se encuentra "enfermo" y quedan pendientes varios recursos.
El presidente en funciones de la Cámara Penal del Supremo, Gustavo Mendizábal, ha aclarado que no hay acciones pendientes en el caso Portillo y que así se lo notificó la sala al Gobierno.
El abogado de Portillo, Fernando Guerra, también ha tachado de "ilegal" la extradición y, al igual que su cliente, ha acusado al Gobierno de actuar al margen de la ley. Según el abogado, citado por 'Prensa Libre', hay peticiones por resolver y hasta el 9 de junio no vence el plazo para presentar un recurso de amparo contra una decisión dictada por la Corte Suprema.
La Sala Tercera de Apelaciones de este tribunal absolvió en mayo a Portillo por el supuesto desvío de 120 millones de quetzales (11,7 millones de euros) del Ministerio de Defensa en el año 2001. La sentencia tenía una cara y una cruz para Portillo, ya que por una parte le declaraba inocente de un delito pero, por otra, dejaba vía libre a su extradición a Estados Unidos.
La defensa estudiaba la posible presentación de un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para ganar tiempo y evitar que la sentencia de mayo fuese firme.
El abogado ha responsabilizado al Ejecutivo de Otto Pérez Molina de lo que pueda ocurrir con la salud de Portillo, que, según el letrado, padece una arritmia cardiaca. El Gobierno, entretanto, ha optado por guardar silencio y no se ha pronunciado sobre la inminente extradición del antiguo presidente.