NUEVA YORK, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Naciones Unidas ha instado este martes a las autoridades judiciales de Guatemala a garantizar que el proceso contra el ex dictador José Efraín Ríos Montt continúa sin "interferencias", después de que el juicio quedara anulado por problemas procesales.
"Llamo a las autoridades judiciales a actuar de forma responsable y prevenir cualquier intento de interferencia, obstrucción o manipulación de la justicia", ha dicho la consejera especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng.
Dieng ha recordado que "la justicia tardía no es justicia". "Las víctimas de las atrocidades cometidas durante la guerra civil en Guatemala y sus familias han estado esperando muchos años, espero que no tengan que seguir haciéndolo", ha indicado.
La consejera especial ha advertido que, de lo contrario, "se dañaría gravemente la credibilidad del sistema judicial guatemalteco" y, además, se frenaría el proceso de reconciliación nacional, todavía en marcha.
"Solamente de esta forma Guatemala podrá consolidar su proceso de paz y construir la confianza entre sus diversas comunidades y la credibilidad de sus instituciones que son indispensables para la prevención de futuros abusos", ha indicado.
En último término ha destacado que se trata de un caso único en el mundo porque es la primera vez que la justicia nacional procesa a un jefe de Estado por los crímenes cometidos durante su mandato. "Podría servir como precedente histórico", ha valorado.
EL JUICIO
El pasado 19 de marzo, arrancó el juicio contra el ex dictador y su ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez
por los presuntos delitos cometidos durante su Gobierno 'de facto' que, según la Fiscalía, equivalen a genocidio y crímenes contra la Humanidad.
No obstante, un mes después fue anulado como consecuencia de la reincorporación de la jueza instructora Carol Patricia Flores a la causa, después de que se resolviera la acusación presentada en su contra, lo que supone retrotraer hasta ese momento todas las actuaciones procesales.
Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por uno de los abogados de la defensa --Héctor Mario López Fuentes-- contra la hasta entonces titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo al considerar que era parcial.
La organización humanitaria Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo contra la recusación de Flores, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia el pasado mes de diciembre, pero que no se notificó hasta el pasado mes de marzo y que se ha hecho pública hoy.
Entretanto, el titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral, del que conocen el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la recusación contra Flores supone que todas las actuaciones judiciales deben retrotraerse al momento en que fue retirada del caso, es decir, en la fase de instrucción, por lo que el juicio tendrá que volver a celebrarse.
LOS CARGOS
Los dos ex militares responden por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil en las montañas septentrionales. En concreto, por la matanza de 201 personas, perpetrada el 7 de diciembre de 1982 en el municipio de Dos Erres por un grupo de 17 'kaibiles' --miembros de las fuerzas de élite-- y 40 soldados.
La defensa ha intentado alegar que no se pueden atribuir a Ríos Montt los abusos cometidos por los militares de a pie porque el jefe de Estado no controla las operaciones sobre el terreno. Asimismo, ha insistido en que no se ha producido ningún genocidio en Guatemala.
Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.
Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).