MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Diputados y senadores españoles han visitado Guatemala desde el pasado día 20 de enero para vigilar el compromiso del país con el cumplimiento de los Derechos Humanos en el país y han trasladado su compromiso para colaborar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la vigencia y respeto de estos derechos y apoyar todas las iniciativas en este sentido.
Los parlamentarios españoles Dionisio García (PP), Marisol Pérez (PSOE), Joan Josep Nuet (Izquierda Plural: IU, ICV-EUiA, CHA), Carles Campuzano (CIU) e Iñaki Anasagasti (PNV) han integrado la misión de observación de la situación de los derechos humanos en el país sudamericano.
Desde el pasado día 20 de enero, los parlamentarios españoles se han entrevistado con organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, tanto en la capital como en visitas a los departamentos del Quiché y Huehuetenango, con especial atención a la ola de represión y violencia que afecta a Santa Cruz Barillas.
En estas entrevistas, les han trasladado la continuidad de amenazas y presiones contra la fiscal general del Estado, Claudia Paz y Paz, y algunos defensores de los Derechos Humanos como Claudia Samayoa, así como la persistencia de asesinatos, ataques, allanamientos de personas e instituciones de Derechos Humanos.
Entre las denuncias que han recibido en materia de incumplimiento de Derechos Humanos también les han trasladado cuestiones como la persistencia de altos índices de violencia y en especial la gravedad de la violencia de género y el feminicidio, así como la presencia del narcotráfico y el crimen organizado y su penetración en algunas instituciones del Estado y la captación de personas relevantes del país.
Otras quejas han sido relativas a la lentitud en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente los concernientes al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la democratización de las Fuerzas de Seguridad del Estado o la necesidad de seguir impulsando las reformas eficaces para fortalecer la efectiva independencia del sistema judicial del país.
En este sentido, también se ha denunciado la restricción de apoyos y medios económicos de la comunidad internacional a instituciones como la CICIG y la Fiscalía General de la Nación para que pueda consolidarse la reforma del sistema de justicia.
Los insuficientes canales de diálogo y participación para encauzar democráticamente las complejas situaciones derivadas de la presencia de empresas transaccionales en el país, el cierre de los Archivos de la Paz y la petición de amnistía por parte de los abogados defensores de Efraín Ríos Montt, Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes --contra los que se sigue un proceso por su presunta responsabilidad en la ejecución de 11 masacres en el área Ixil, durante la gestión de Ríos Montt--, han sido otros de los temas abordados.
Frente a esta situación, los parlamentarios españoles han recibido el apoyo del actual presidente de Guatemala para que sigan realizando sus labores la Fiscal General del Estado, así como la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Igualmente, las autoridades guatemaltecas han valorado como "positivo" la derogación del Decreto 370, que impedía a la Corte Interamericana conocer de los casos de violaciones a los derechos humanos de fecha anterior a 1987. También se ha resaltado como un aspecto de normalidad democrática el actual juicio que se lleva contra el expresidente Efraín Ríos Montt y altos cargos de su gobierno, acusados por crímenes de genocidio.
En las entrevistas, también se ha reconocido la importante labor que están realizando organizaciones e instituciones como la Fundación de Antropología Forense (FAFG), el Archivo de la Policía, las organizaciones de derechos humanos como las que integran la Convergencia por los Derechos Humanos; resaltado la labor del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), FAMDEGUA, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), entre otras, por su alto nivel de profesionalidad, y como un signo de normalidad democrática que debe ser respetado y fortalecido.
SANTA CRUZ DE BARILLAS
En cuanto a la situación conflictiva en Santa Cruz Barillas, con varias personas muertas y la "detención ilegal" de nueve miembros de la comunidad, los parlamentarios españoles han constatado la "falta de información veraz" y la "deficiente interlocución" entre las partes tras hablar con miembros de la corporación municipal, de los Cocodes y dirigentes de las comunidades afectadas-
Por ello, los diputados y senadores españoles han dicho esperar el esclarecimiento de los hechos violentos, el resarcimiento de las víctimas y los familiares de los afectados, así como que el conflicto se pueda encauzar democráticamente y con una salida que satisfaga a la población en su conjunto.