ESTRASBURGO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo instó hoy a las instituciones de Guatemala a que "cooperen plenamente" para clarificar las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante su guerra civil (1960-1996), también por lo que respecta a la orden internacional de arresto dictada por la Audiencia Nacional española contra, entre otros, el ex presidente golpista José Efraín Ríos Montt.
La Eurocámara aprobó una resolución en la que se reclama la cooperación guatemalteca para que los responsables de estos crímenes sean conducidos ante la justicia y se hagan públicos los resultados de esas investigaciones, "tal como se demanda en la orden internacional de arresto dictada por la Audiencia Nacional española el 7 de julio de 2006 contra Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo y Benedicto Lucas García, acusados todos ellos de crímenes de genocidio, torturas, terrorismo y detención ilegal".
El texto considera además que este proceso podría abrir la vía para hacer justicia sobre crímenes en otros conflictos al indicar que "en caso de prosperar dicha causa, se debería proceder de la misma manera, en circunstancias similares, contra dictadores y responsables de violaciones masivas de los derechos humanos".
Para ello, el Parlamento Europeo instó a la Oficina Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y a la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) que, en caso de la petición cursada por las autoridades oportunas, faciliten los medios necesarios para garantizar la extradición de presuntos implicados.
Finalmente, el Parlamento expresa su apoyo al pueblo de Guatemala y a sus autoridades "para que perseveren en la correcta aplicación del Estado de Derecho y en el desarrollo económico, social y político que redunde en beneficio de la paz y de la reconciliación histórica".
La resolución aprobada constata que las personas acusadas de planear y perpetrar los crímenes durante el conflicto armado en Guatemala jamás han sido procesadas y que algunas de ellas siguen ejerciendo responsabilidades políticas importantes. Reitera su compromiso en contra de su impunidad y pide la incautación de sus bienes y propiedades.
A este respecto, insiste en que, 10 años después de los Acuerdos de Paz, las víctimas no han recibido una reparación adecuada, ni material ni simbólica; los responsables de los crímenes nunca se han disculpado públicamente y, sigue desconociéndose el paradero de la mayoría de las personas desaparecidas.
El texto recuerda que durante el conflicto 200.000 personas fueron asesinadas y 45.000 fueron víctimas de desapariciones forzadas, el 10 por ciento de la población resultó desplazada y se erradicaron comunidades indígenas enteras. El 83 por ciento de las víctimas del conflicto eran de la etnia maya.