CIUDAD DE MÉXICO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades han encontrado los pasaportes falsos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que está prófugo, en el aeropuerto internacional de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, hallazgo que dirige a los investigadores a abrir "nuevas líneas" para las pesquisas.
Los pasaportes --tanto de Duarte como de su esposa-- estaban en posesión de un sujeto en el aeropuerto.
El individuo que llevaba los documentos --junto a 7.000 dólares-- fue detenido el jueves por la Policía Federal, si bien ya ha sido liberado. En las identificaciones aparecían los nombres de Álex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga, con las fotos correspondientes a Duarte y su esposa.
Éste reconoció que su objetivo era entregárselos a Duarte, si bien no reveló el lugar del encuentro, tal y como ha señalado el 'Informador'. No obstante, sí confirmó que los prófugos tenían la intención de cruzar cuanto antes a Guatemala.
La división responsable de la seguridad aeroportuaria de la Policía Federal, el Ejército y la Armada nacional han incrementado la vigilancia en las inmediaciones del aeropuerto de Tapachula. Asimismo, días atrás un sacerdote denunció que el exgobernador se encontraba escondido en un rancho de Chiapas, propiedad de su suegro.
Esta misma semana, la Procuraduría General de la República (PGR) ha congelado 112 cuentas bancarias pertenecientes a Duarte, fugado tras verse envuelto en una serie de casos de corrupción.
Además de las cuentas bancarias, la Fiscalía mexicana ha anunciado la incautación de cinco empresas y cuatro propiedades relacionadas con su entorno cercano, para tratar de que el prófugo no utilice los recursos obtenidos presuntamente de manera ilícita.
A mediados de octubre, la Fiscalía de México emitió una orden de detención contra Duarte, investigado por tres delitos, entre ellos los de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
Desde entonces, las autoridades no han dado aún con el paradero del exgobernador. La Fiscalía ha solicitado asistencia jurídica a los Gobiernos de Estados Unidos, España y Costa Rica para obtener información de los inmuebles de que dispone, así como de sus cuentas bancarias y empresas en el exterior.