TEGUCIGALPA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La amnistía, sancionada el pasado miércoles por el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, para todos los implicados en el golpe de Estado del 28 de junio que derrocó al Gobierno y expulsó del poder al ex mandatario Manuel Zelaya, estará vigente durante 40 años y entrará en vigor en veinte días, tras su publicación en la Gaceta Oficial, según informó el diario local 'El Heraldo'.
La medida afecta a todos aquellos que cometieron delitos de traición, forma de gobierno, terrorismo, sedición, usurpación de funciones, desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios entre el 1 de enero de 2008 y el 27 de enero de 2010.
El decreto no llegó a tiempo para la causa judicial abierta contra los militares, que ingresaron en el palacio presidencial y a punta de pistola sacaron a Zelaya de la residencia y lo embarcaron en un avión rumbo a Costa Rica, acusados de un delito de expatriación por el que fueron absueltos este lunes.
Para evitar nuevos enjuiciamientos relacionados con los acontecimientos del pasado 28 de junio y con la crisis política que desencadenaron en el país centroamericano, el texto indica que "los tribunales competentes deberán de oficio o a petición de parte sobreseer toda causa que estén conociendo y que esté comprendida en este beneficio".
De este modo la amnistía ordena el archivo administrativo de todas las acciones investigadas y demás diligencias que a la fecha se encuentren en proceso en las oficinas del Ministerio Público
Sin embargo, la normativa no será aplicable a "todas aquellas acciones constitutivas de delitos relacionadas con actos de corrupción como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros tipificados en la legislación penal, igual que los delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos", reza el decreto.
La amnistía fue aprobada este miércoles por el Congreso Nacional, de mayoría oficialista, después de que Lobo sancionara la medida en plena ceremonia de investidura en un intento de evidenciar ante la comunidad internacional la intención del nuevo Gobierno de promover la reconciliación social.