TEGUCIGALPA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de Honduras aprobó este martes por la noche la intervención del Ministerio Público, lo que supone la suspensión del fiscal general, Luis Rubí, y de su número dos, Roy David Urtecho, si bien los liberales se mostraron en contra al considerar inconstitucional dicha medida.
El Parlamento aprobó la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público, que contempla la creación de una comisión interventora integrada por tres miembros que tendrá amplios poderes para administrar, depurar, modernizar y fortalecer la institución, según informan los medios locales.
La comisión interventora, cuyos integrantes se darán a conocer este miércoles, estará vigente durante 60 días una vez preste juramento del cargo y deberá presentar informes mensuales al Congreso.
La ley ha sido promovida por el Partido Nacional del presidente Porfirio Lobo, con el respaldo de otras formaciones como Pinu, Democracia Cristiana, Unificación Democrática y otros diputados, mientras que los liberales han manifestado su oposición, argumentando que la intervención de la Fiscalía es contraria a la Constitución.
Durante el debate, según informa 'La Prensa', el líder de los liberales en la cámara, Yani Rosenthal Hidalgo, explicó que rechazan la ley porque la considera inconstitucional pero no están en contra de que se intervenga el Ministerio Público, sino de que se cometa una ilegalidad. "No podemos acompañarlos en una ilegalidad y en una inconstitucionalidad", defendió.
Rosenthal defendió que su partido ha respaldado todas las reformas y leyes relacionadas con la seguridad con la esperanza de que se resuelva el problema de la delincuencia y la violencia en el país, pero, lamentó, ninguna ha dado los beneficios que se buscaban, sino que la situación es peor.
Un diputado liberal defendió que la Constitución no permite que el Congreso intervenga otras instituciones del estado, mientras que otros diputados reclamaron que en lugar de suspender al fiscal general, algo que no es legal, se le someta a un juicio político.
Así las cosas, aseguró que los liberales están de acuerdo en que se intervenga no solo al Ministerio Público, sino también a la Policía, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y todos los demás órganos de justicia.
La intervención del Ministerio Público se produjo después de que el lunes el Congreso aprobara el Informe Sobre los Operadores de Justicia presentado por la Comisión Especial de Seguridad, en el que se reprobaba la actuación del fiscal general y su número dos. Además, recomendó al pleno su inmediata intervención mediante una comisión especial.
Por su parte, Rigoberto Espinal, asesor legal de la Fiscalía, ha denunciado que el citado informe "tergiversa ciertos datos, no los ha interpretado bien" y ha reclamado que la Constitución establece que "todas las autoridades del país deben cooperar para que el Ministerio Público cumpla bien sus funciones, las autoridades que no lo hagan o interfieran en estas acciones pueden incurrir en acciones de carácter penal".