TEGUCIGALPA, 8 Ene. (Reuters/EP) -
Honduras reabrirá los juicios por desapariciones y crímenes políticos realizados por las fuerzas de seguridad contra los simpatizantes de izquierda en la década de 1980, una época de represión política en toda la región centroamericana, según confirmó hoy el presidente, Manuel Zelaya.
Durante esos años, en Honduras desaparecieron 184 personas y decenas más fueron asesinadas por los llamados "escuadrones de la muerte", integrados por militares y policías, y apoyados por Estados Unidos como parte de una estrategia para frenar los movimientos rebeldes de izquierda en América Central.
"Tendremos que reabrir esos juicios, no para que sangren las heridas, sino para concertar espacios de paz, que se castigue realmente a los que ultrajaron los Derechos Humanos en este país", declaró Zelaya en un discurso en la casa presidencial ante unos 200 militantes del gobernante Partido Liberal.
"Por eso esta sociedad está como está, porque no se castiga al que incumple, no se castiga al que realmente usó la fuerza del poder para asesinar y desaparecer a miles de hondureños que lucharon por una causa ideológica," agregó el presidente.
Las desapariciones en Honduras fueron menos que en Guatemala y El Salvador, donde se desataron guerras civiles durante esos años. Sin embargo, los juicios por la represión política son tema de debate constante entre la sociedad hondureña. La represión en Honduras, donde operó un incipiente movimiento de izquierda, se registró durante los Gobiernos de los mandatarios liberales Roberto Suazo y José Azcona.
En la década de los 90, un ex jefe de inteligencia de la Policía hondureña fue condenado a dos años de prisión por la desaparición temporal de varios activistas, pero ha sido el único condenado por casos de desaparición temporal. Nadie ha sido sentenciado por desapariciones definitivas.
Los organismos defensores de los Derechos Humanos recibieron con agrado el anuncio de Zelaya y destacaron que se encuentran congelados en los tribunales al menos una decena de juicios contra militares y policías por desapariciones. Hasta ahora, sólo la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 1987 y en 1990 al Estado de Honduras a pagar indemnizaciones a los familiares de dos y un desaparecidos, respectivamente.