Actualizado 09/04/2010 22:22

Honduras.- Un juez suspende la causa contra dos ex ministros de Zelaya acusados de abuso de autoridad y fraude


TEGUCIGALPA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Tegucigalpa sobreseyó este viernes la causa contra los ex ministros del Gobierno de Manuel Zelaya, Rixi Moncada y Arístides Mejía, acusados de abuso de autoridad y de fraude, por considerar que los multimillonarios contratos que adjudicaron sin concurso público no estaban sujetos a licitación.

El juez Mario Ríos determinó en su sentencia que "los contratos de arrendamiento de bienes y muebles por parte del Estado o la administración pública no están sujetos a la Ley de Contratación" en la que se estipula cuales son los contratos que deben ser sometidos a procesos de licitación y cuales son los de orden patrimonial, libres de este mecanismo.

La ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Rixi Moncada, estaba acusada por delitos de abuso de autoridad y de fraude por aprobar un millonario contrato de alquiler de las oficinas de la compañía estatal sin someter la adjudicación a un concurso público. Por avalar esta licitación fueron detenidos con los mismos cargos el ex ministro de Defensa, Arístides Mejía, y la ex ministra de Finanzas, Rebeca Santos.

Después de que la Fiscalía presentara las denuncias contra los tres políticos, estos huyeron del país del que permanecieron fuera durante meses hasta que lograron alcanzar un acuerdo con los tribunales para que únicamente dictaran contra ellos medidas sustitutivas de prisión como paso previo al sobreseimiento, según informaron medios locales.

Informes citados por la prensa hondureña indicaron que el es gerente de Hondutel, Jacobo Lagos, acusado de abuso de autoridad, fraude y cohecho, podría haber llegado a acuerdos similares con los tribunales antes de comparecer ante ellos.

Tras conocer la sentencia, la fiscal Karla García, anunció que el Ministerio Público apelará la decisión judicial ya que el magistrado "hizo una valoración errónea" de la Ley de Constratación del Estado.

Por su parte, Mejía señaló que la decisión del juez "es un justo reparo a una acción que no tenía ningún fundamento" ya que "nunca hubo ningún delito de abuso de poder ni material ni objetivo ni subjetivo".