También ha constatado "graves restricciones a la libertad de expresión" tras el golpe de Estado
MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Una misión internacional sobre Derechos Humanos denunció que tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio que instauró un Gobierno interino han incrementado en Honduras las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el cercenamiento de la libertad de expresión, las restricciones a la libertad de circulación y las persecuciones políticas.
La misión internacional, creada el pasado 17 de julio, está compuesta por 15 profesionales independientes procedentes de procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay, y se consolidó con el objetivo de "verificar" las violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido después del derrocamiento de Manuel Zelaya.
Tras finalizar su trabajo, el grupo de profesionales constató "la existencia de graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado", así como la "desprotección de numerosos afectados ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables" de velar por los derechos de los ciudadanos.
La mayoría de estos abusos se han cometido en el marco de la declaración del toque de queda que suspensión "derechos fundamentales de los hondureños" durante 72 horas y que se sigue aplicando pese a que "no existe ningún decreto posterior que haya prorrogado formalmente" esta medida, además los cambios en los horarios y las fechas se han sido notificados a través de los medios de comunicación, sin que esto haya sido publicado mediante un decreto.
"Preguntados sobre el horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados por la misión, dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su contenido", señala el documento en el que sentencia que no sólo "existe incertidumbre" en las horas, sino también en "el alcance de la restricción de garantías".
ARRESTOS
El director general de la Policía Nacional, Escoto Salinas, dijo a la misión que se han registrado 1.275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contra el golpe de Estado.
Entre los más afectados se encuentran los extranjeros, especialmente procedentes de Nicaragua "quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por detenciones arbitrarias e irregulares". El informe detalle que "sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, 20 personas nicaragüenses".
La misión destaca que las autoridades hondureñas "justifican" estos arrestos alegando que existen "amenazas externas al régimen" de Micheletti, pero "hasta el momento, las detenciones no han provisto de evidencia alguna respecto de la participación de los más de 100 afectados en acciones que comprometan la seguridad nacional".
Asimismo, denunció que "numerosos" medios de comunicación hondureños "contribuyen con esta práctica y política xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones" de nicaragüenses, "invitando a la población a denunciar la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes sospechosas".
Otra de las irregularidades que constataron son las "amenazas y coacciones" a los trabajadores "para garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por el régimen 'de facto' y la empresa privada"
Por otra parte, los profesionales --que realizaron el estudio en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón-- recibieron "múltiples denuncias" sobre el "reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, para integrarlos a las reservas".
AGRESIÓN A LOS MEDIOS
En materia de libertad de expresión y de prensa, la misión pudo determinar que se han producido "graves restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al golpe de Estado", poniendo como ejemplo la militarización de las cadenas Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo en Tegucigalpa.
"Hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a Internet", señala el informe.
Por otro lado, han podido determinar que algunos medios de comunicación hondureños "han tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia", debido a que " se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del Gobierno depuesto".
Finalmente, la misión recomienda a la comunidad internacional "implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los Derechos Humanos de la población hondureña", así como mantener una "posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional".
También recomienda continuar con la "suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen 'de facto', así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas" con el Gobierno interino.
La misión internacional está integrada por profesionales como Enrique Santiago, del IEPALA, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en España; Ellen Verryt, de Solidaridad Mundial; Leo Gabriel, del Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación de Austria; Dolores Jarquín, de la Alianza Social Continental; Francois Houtart, del Centro De Estudios Tricontinental; Katrin Erlingsen, asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán; y Miguel Jugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, entre otros.