TEGUCIGALPA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de Honduras Manuel Zeleya, depuesto en un golpe de Estado incruento en junio de 2009, afirmó este sábado que, aunque los tribunales hayan anulado las dos órdenes de arresto en su contra, de momento no volverá a su país porque teme que le asesinen.
"Hay gente que quería liquidarme, y aún están vivos y tienen mucho poder y siguen queriendo atentar contra mi vida. Sé que estoy en peligro", declaró Zelaya a Radio Globo desde Guatemala, donde participa en sesiones del Parlamento Centroamericano.
Zelaya precisó que ha recibido "amenazas injustas de la empresa privada" pese a que el sector privado, según él, "jamás estuvo tan bien" como cuando gobernaba, tres años durante los cuales "tuvieron llenas sus chequeras".
LOS PROCESOS SIGUEN ABIERTOS
El juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Óscar Chinchilla suspendió el viernes pasado las órdenes de arresto contra Zelaya y declaró "sin lugar" la solicitud de nulidad presentada por la defensa. Dado que los procesos en su contra siguen abiertos, el magistrado puede ordenar que se cite al ex presidente, que también podría optar por comparecer voluntariamente.
Zelaya tiene pendientes dos procesos judiciales por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe pública y la administración pública.
Según la Fiscalía, Zelaya cometió esos delitos al contratar publicidad ilegalmente y desviar fondos públicos para la campaña a favor de una consulta popular que celebraría el 28 de junio de 2009 con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, afirmó el viernes que el fallo del juez no deja ninguna "duda" de que Zelaya "no va a ser detenido, ni mucho menos", si regresa a Honduras. El mandatario ha defendido la anulación de los procesos contra el presidente depuesto para facilitar la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zelaya dijo el viernes que el fallo de Chinchilla es un "absurdo jurídico" y que "no tiene sustentación jurídica". "Es una manipulación política (...) y están siguiendo un plan para seguir persiguiéndome, seguir violando todos mis derechos", aseguró.
En su opinión, "esta resolución significa un absurdo jurídico, principalmente porque anulan las órdenes de captura por vicios de proceso", con lo que "reconocen que el proceso está totalmente viciado", pero no anulan los juicios.