MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) presentó este miércoles el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que permitirá a los cerca de 6 millones de trabajadores migrantes y empleados de multinacionales de los 14 países que han suscrito dicho acuerdo obtener una cobertura social equiparable a la de los nacionales de los países en los que estén asentados.
Este documento garantizará la entrega efectiva de prestaciones económicas de invalidez, de vejez, de supervivencia, de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional a todos aquellos trabajadores que desarrollen su actividad en el marco geográfico dibujado por los 14 países que se han sumado a esta iniciativa.
"Este es un convenio de reconocimiento recíproco de prestaciones que va a garantizar no solamente ese trato igual de todos los ciudadanos y que va a facilitar la globalización de las prestaciones sociales en un mundo donde el mercado de trabajo ya está globalizado", dijo el secretario de Estado de la seguridad social, Octavio Granado.
En este sentido, el secretario general de la OISS, Adolfo Jiménez, explicó que se trata de un convenio que permitirá cubrir todas las lagunas legales a las que se enfrentan los trabajadores de la comunidad iberoamericana que prestan sus servicios en otros países del entorno en un intento de equiparar los derechos y obligaciones de todos ellos.
El objetivo prioritario es, según aclaró Jiménez, garantizar a aquellos ciudadanos que desarrollen su vida laboral en distintos países de la comunidad iberoamericana que recibirán sus prestaciones correspondientes, especialmente la de vejez, a pesar de las contradicciones que puedan contener sus legislaciones.
Es, por tanto, un documento destinado a coordinar los sistemas de seguridad social existentes en cada uno de los Estados adheridos al convenio para procurar que en caso de conflicto se aplique aquel que sea más beneficioso para el trabajador. Sin embargo, dicho acuerdo se regirá por el pleno respeto a la legislación nacional de cada uno de los países participantes, de modo que su entrada en vigor no implicará ninguna variación en la misma.
Es un elemento armonizador que engloba los acuerdos bilaterales firmados entre países de la comunidad iberoamericana que apenas abarcan el 23 por ciento de las necesidades de los trabajadores migrantes y que en un 73 por ciento de los casos están protagonizados por España, Argentina, Chile y Uruguay.
ENTRADA EN VIGOR
El convenio entrará en vigor cuando siete de los 14 países que han suscrito el acuerdo hayan depositado el documentación de ratificación del mismo en la Secretaría General Iberoamericana, algo que se calcula será posible durante el primer semestre de 2010.
Hasta la fecha son cinco los países que han completado el proceso de ratificación del acuerdo: Ecuador, El Salvador, Chile, Brasil y España. En el caso de nuestro país el convenio fue depositado en dicho organismo el pasado 12 de diciembre.
Países como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Perú y Portugal están a la espera del beneplácito de sus órganos legislativos mientras que Venezuela únicamente necesita ala firma de su presidente, Hugo Chávez, para completar el proceso. El resto de países participantes --Bolivia, Colombia y Andorra-- se encuentran en una fase inicial.
GLOBALIZACIÓN DEL CONVENIO
Tanto Granado como Jiménez destacaron el salto cualitativo que supone la aprobación de este convenio respecto a los sistemas de seguridad social clásicos, incapaces de abarcar el proceso de expansión de la fuerza de trabajo, por lo que aseguraron que se trata de una "experiencia mundial de primera magnitud".
En esta línea, ambos indicaron que la pretensión de la OISS y, especialmente en el caso de Andorra, Portugal y España por su papel como nexo de unión trasatlántica, es extender este proyecto multilateral de seguridad social a otros ámbitos cercanos como el de la Unión Europea con el fin de ampliar la cobertura de los migrantes sea cual sea su procedencia y su lugar de trabajo.
"Vamos a conseguir que este convenio multilateral sea una especie de código de buenas prácticas que pueda extenderse en el futuro inmediato a los países de la Unión Europea y al resto de países de la comunidad iberoamericana. En los próximos años vamos a intentar seguir extendiendo ese espacio de cambio recíproco de prestaciones y reconocimiento recíproco de derechos", añadió Granado.