Actualizado 05/10/2016 10:34

Identificados 21 policías peruanos que participaron en la ejecución grabada en vídeo

   LIMA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía de Perú está investigando a una veintena de miembros de la Policía de Perú y que estarían involucrados en la presunta ejecución de dos personas que fue filmada en vídeo y que el pasado domingo salió a la luz, según ha informado la emisora local RPP.

   El domingo, el programa 'Cuarto Poder', de América Televisión, difundió unas imágenes en las que se puede ver a un miembro de la Policía diciendo "asegúralo de lejos", segundos después de escuchar tres disparos.

   El vídeo fue entregado a la Fiscalía de Piura por un ciudadano de nacionalidad colombiana que ha tenido que abandonar el país tras recibir amenazas.

   Entre esta veintena de agentes, cuya identidad ha sido publicada por el diario 'La República', se encuentran los suboficiales Carlos Llanto Ponce y William Castaño Martínez. Los dos habían estado bajo el mando de Enrique Prado Ravines, el comandante bajo el que, entre los años 2011 y 2015, se llevaron a cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales con el objetivo de obtener ascensos y distinciones policiale.

   Los dos habrían viajado en febrero de 2015 a Piura, donde tuvo lugar la ejecución filmada, en el marco de un presunto operativo contra la organización criminal 'Los nuevos injertos del norte'. La versión oficial es que las autoridades detuvieron a cuatro miembros de la banda y tras un "intercambio de balas", algunos de ellos habrían muerto.

   Sin embargo, en las imágenes se puede ver a los agentes ultimando a dos personas postradas en el suelo.

CASO ESCUADRÓN

   A principios del mes de agosto, la Fiscalía y la Dirección de Inspección General de la Policía Nacional de Perú abrieron investigaciones contra casi un centenar de agentes, presuntamente vinculados con ejecuciones extrajudiciales durante operativos armados.

   Los investigados, 16 oficiales y 80 suboficiales, habrían cometido ejecuciones extrajudiciales bajo el liderazgo del comandante Enrique Prado Ravines entre los años 2011 y 2015, con el objetivo de obtener ascensos y distinciones policiales.

   Según un colaborador que asegura haber formado parte del grupo de informantes civiles pagados por el mencionado comandante, estos incentivaban a delincuentes de baja categoría a cometer delitos sencillos, información que luego filtraban a la Policía.

   Así, los agentes sorprendían a los delincuentes y los abatían a disparos, para después informar de que los tiroteos habían sido producto de enfrentamientos arriesgados.

   Si bien la investigación se ha mantenido abierta, el número de presuntos agentes involucrados se ha reducido a una decena.