SANTIAGO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Iglesia Católica de Chile ha entregado este miércoles al presidente Sebastián Piñera su propuesta de indulto por el Bicentenario de la Independencia que incluye a ex militares de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) que han sido acusados de delitos contra los Derechos Humanos.
En el documento titulado 'Chile, una mesa para todos en el Bicentenario', duramente criticado por la oposición, fue entregado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, y el cardenal Francisco Errázuriz, quienes pidieron revisar caso por caso el posible indulto de las personas que tienen condenas firmes.
Para el Episcopado "no sería completa la 'mesa para todos' si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los Derechos Humanos cometidos durante el régimen militar", en el que murieron cientos de personas y fueron torturadas otras miles en centros de reclusión clandestinos.
La Iglesia señala que "no todos" los militares y funcionarios condenados "tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron" durante la dictadura de Pinochet y consideraron que contra ellos "no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto".
"La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos", señala el texto colgado en la página de la Conferencia Episcopal.
En este sentido, la Iglesia Católica ha sugerido reducciones parciales de las penas privativas y restrictivas de libertad, así como "una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad" que en este caso incluiría a una gran cantidad de ex represores del pinochetismo condenados por delitos de lesa humanidad.
También ha pedido que a los detenidos que "padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel".
Por último, ha propuesto al Parlamento modificar "la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal". "Proponemos que se les condone la pena o que puedan cumplir el resto de su condena junto a su familia o en instituciones asistenciales", explica el documento.
Estas medidas estarían dirigidas a "los condenados por sentencia ejecutoriada --con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta" en la cárcel "y no constituyan un peligro para la sociedad".
Goic aclaró que el planteamiento de la Iglesia "no busca reabrir las graves heridas de ayer ni tampoco pretende que ellas se cierren por decreto, simplemente presentamos a las autoridades de la nación la realidad del dolor de personas que viven privadas de libertad, que han sido juzgadas".