QUITO, 8 May. (Reuters/EP) -
El movimiento indígena de Ecuador suspendió este viernes de manera temporal su protesta en contra de una polémica ley de recursos hídricos después de que el Congreso accediese a incluir sus peticiones en el proyecto oficial antes de ser votado.
Sin embargo, los líderes campesinos e indígenas advirtieron que continuarán con sus acciones la próxima semana si no se toman en cuenta sus objeciones a la ley, promovida por el Gobierno del presidente Rafael Correa para regular el uso del agua y aumentar el control estatal sobre el recurso.
La tensión reinante ha renovado la disputa que desde febrero enfrenta a esos grupos con el Gobierno por propuestas oficiales de leyes que regulan el uso del agua. Los indígenas sostienen que esas iniciativas dañarán sus territorios.
La Asamblea Nacional concluyó el jueves el debate del proyecto de ley de recursos hídricos, pero los congresistas decidieron esperar un par de semanas para incluir las sugerencias de todos los sectores antes de su aprobación definitiva.
Decenas de indígenas, que se habían apostado alrededor de la sede legislativa desde el martes como protesta contra el proyecto de ley, abandonaron el viernes la capital Quito para regresar a sus comunidades.
Cientos de campesinos protagonizaron manifestaciones que el día previo dejaron un herido con perdigones y varios policías golpeados tras enfrentamientos en medio de gases lacrimógenos.
Dirigentes indígenas, quienes han sido cuestionados por el izquierdista Correa, aseguraron que la próxima semana regresarán a la capital para presionar por los cambios prometidos a la norma legal, que plantea la creación de un ente estatal para regular al sector.
"Nos ratificamos y llamamos a la radicalización de la movilización nacional en defensa de la vida y el agua", dijo el movimiento indígena en un comunicado.
El Gobierno advirtió que no permitirá nuevas protestas y que tomará medidas para evitar acciones violentas.
"La manifestación está permitida, lo que no podemos aceptar es el cometimiento de delitos como el cierre de vías y atentar contra bienes públicos, comunitarios y privados", dijo el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, a periodistas.
El poder legislativo se mostró abierto al diálogo con los dirigentes y anunció que redactará un texto definitivo para su aprobación.