Por Teresa Céspedes y Mónica Machicao
LIMA/YURIMAGUAS (Reuters/EP) - Pobladores de regiones amazónicas de Perú acataron el jueves parcialmente un paro en apoyo a protestas de indígenas, que insisten en la derogatoria de leyes de estímulo a inversiones en sus territorios que consideran atentatorias de la naturaleza y sus propiedades.
En Lima, miles de trabajadores marcharon por la ciudad en respaldo a los nativos con dirección al Congreso, pero fueron dispersados por la policía que lanzó bombas lacrimógenas, en medio de un caos vehicular y cierre de algunos negocios.
El Congreso suspendió un día antes por tiempo indefinido las polémicas leyes luego de dos meses de intensas protestas, que tuvieron su punto álgido la semana pasada con duros choques entre policías e indígenas que dejaron decenas de muertos.
Sin embargo, los nativos amazónicos, organizaciones regionales y sindicales dijeron que no dejarán de protestar hasta que las leyes sean eliminadas definitivamente.
En Yurimaguas, a 1.400 kilómetros al noreste de Lima, los nativos seguían con el bloqueo de la principal vía que abastece a ese poblado, donde el comercio local funcionaba aunque los alimentos básicos se vendían a precios más altos de lo normal.
"Hemos decidido quedarnos aquí hasta que haya una solución", dijo el indígena Fernando Ríos Panaipi, quien llegó a este punto de protesta hace 37 días desde una remota comunidad nativa en la selva del país.
Cientos de nativos permanecen apostados en la carretera portando lanzas y algunos de ellos tienen la cara pintada con rayas rojas y negras, como acostumbran cuando están en situación de conflicto y en defensa de sus tierras.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó que no existen "razones" para el paro ni las protestas, ya que cuando el Congreso suspendió las polémicas leyes, restituyó y dió "fuerza de ley a todo el régimen legal anterior".
CAMBIO DE MINISTROS
Según reportes radiales, el paro de actividades en apoyo a la protesta se cumplía de forma parcial en ciudades selváticas de las regiones de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, así como en otras áreas andinas como Puno.
Imágenes de televisión mostraban también marchas de apoyo en la ciudad sureña de Arequipa y Moquegua.
Durante las protestas en Lima, los manifestantes portaban carteles que decían "Alan asesino" y "la patria no se vende".
Las protestas son las peores que encara el Gobierno neoliberal de Alan García y llegaron a afectar el suministro de petróleo. La semana pasada, un violento choque entre la policía y nativos dejaron al menos 33 muertos.
Las protestas provocaron la renuncia de una ministra del equipo de Gobierno, conformado por 17 miembros, dejando abierta la posibilidad a un pronto reajuste en el Gabinete de García.
Al final de la tarde, mientras el paro se dilúa, el presidente García realizó dos cambios en su gabinete en carteras vinculadas a inversión social e infraestructura.
El primer ministro, Yehude Simon, dijo más temprano en una conferencia de prensa que el Gobierno asume su responsabilidad en la crisis, pero precisó que en las protestas de los nativos hubo "un aprovechamiento político" de grupos opositores.
El Gobierno buscará retomar el diálogo con representantes indígenas (Apus) para realizar cambios a las leyes, afirmó.
"Queremos en nuestras regiones amazónicas (...) poder trabajar con los verdaderos APUS y nos reuniremos para buscar una solución", dijo Simon a la prensa extranjera.
SANCION A OPOSITORES
El Congreso suspendió la vigencia de las polémicas leyes, entre ellas la discutida "Ley Forestal y de Fauna Silvestre", para realizar "sustanciales modificaciones" en las normas en consenso con los grupos indígenas.
Y en una accidentada sesión el jueves, el Congreso aprobó suspender con 120 días las funciones de siete legisladores del opositor Partido Nacionalista, alegando que entorpecían las labores legislativas por una huelga de hambre que realizaban en el hemiciclo, en demanda de la anulación rotunda de las leyes.
El líder de los indígenas amazónicos Alberto Pizango salió del frente de lucha luego de que Nicaragua le otorgó el martes asilo político, tras ser acusado por el Gobierno peruano de sedición, conspiración y rebelión.
Pizango permanece refugiado en la sede de la embajada de ese país en Lima a la espera de un salvoconducto del Gobierno de Perú que le permita viajar al país centroamericano.
Diversos sindicatos laborales del país se han solidarizado con los indígenas y exigen la renuncia del gabinete de Simon por su "intolerancia" en el manejo de la crisis.
"No voy a renunciar por presiones de partidos políticos, yo saldré por mi conciencia y cuando el presidente de la República diga hasta aquí no más", afirmó el ministro Simon.