El caso afecta al menos a siete magistrados y tres juezas que contrataron a familiares del resto
MÉXICO DF, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de la Judicatura Federal mexicano ha constatado a partir de una investigación que los juzgados y tribunales federales en el Estado de Yucatán se ha contratado a familiares de jueces y magistrados han sido contratados para trabajar en dependencias judiciales pero estima que no es posible imponer sanciones a los funcionarios judiciales dado que los familiares han sido contratados en los tribunales en los que no trabajan.
La contratación de familiares en otros juzgados y tribunales del Estado de Yucatán, afecta al menos a siete magistrados y tres juezas de este Estado, ubicado en el extremo este del país de acuerdo con la investigación, informa el diario 'El Universal'.
Aunque el Consejo de la Judicatura Federal admite la prohibición de contratar a familiares en los tribunales en los que trabajan o dirigen, el organismo judicial considera que no se puede sancionar a los funcionarios judiciales que contratan a sus familiares en otros juzgados o tribunales.
"Si bien es verdad que familiares de los magistrados Raquel Flores García, María Luisa García Romero, Mariano Mario Hernández Torres, Luis Armando Cortés Escalante, Pablo Jesús Hernández Moreno, Paulino López Millán y Fernando Amorós Izaguirre; y, de las juezas de distrito Mirza Estela Be Herrera, Mayra González Solís y María Esther Rodríguez Juárez, laboran en órganos jurisdiccionales del décimo cuarto circuito del Poder Judicial, no existen evidencias de que hayan intervenido en su contratación", concluye el Consejo de la Judicatura Federal.
A su juicio el hecho de "que se hayan otorgado nombramientos a favor de parientes consanguíneos o por afinidad de jueces de distrito y magistrados de circuito, puede entenderse, porque es un hecho que la relación familiar influye en la inclinación de la profesión en la que se desarrollan sus integrantes". "Esa inclinación natural no puede ser considerada como causa de responsabilidad", asegura.
La investigación del Consejo de la Judicatura Federal partió de la denuncia del abogado Julio César Puerto Osalde, despedido de un tribubal federal por responder denunciar maltrato de su superior y al no poder defender su caso porque el familiar de un juez emitió un testimonio falso en su contra.
Por su parte, la Comisión Nacional de Ética Judicial, un organismo de reciente creación que agrupa a todos los impartidores de justicia, locales y federales, ha recomendado al Consejo de la Judicatura Federal "incluya una norma que prohíba todo acuerdo o compromiso entre los magistrados de circuito o los jueces de distrito para nombrar recíprocamente, al cónyuge o familiares del otro" en sus tribunales.
Para la Comisión este tipo de nombramientos "tienden a contaminar al Poder Judicial y pueden acarrear el riesgo de que la institución se deteriore, además de la mala impresión que dicho compromiso causa a la sociedad, que exige de sus jueces especialmente una conducta honorable, sin tacha".
Académicos y juristas del país admiten la existencia de "la Gran Familia" o "la Familia Judicial" en el seno del poder judicial en México y considera que el caso descubierto en Yucatán sólo es un ejemplo de lo que ocurre a nivel nacional.