BUENOS AIRES, 17 Ago. (Notimérica) -
La justicia argentina ha suspendido momentáneamente la subida de las tarifas de los servicios públicos de gas, luz y agua impuesta por el Gobierno argentino, que asegura que en algunos casos este aumento podría alcanzar el 500 por ciento.
Los ajustes, realizados por el Gobierno del presidente argentino Mauricio Macri en medio de la inestabilidad económica que vive Argentina, fueron los causantes de las protestas llamadas "frazadazo" y "ruidazo" que se llevaron a cabo por todo el país, según informó 'CNN español'.
La suspensión se ha apoyado en la Ley 24.076 de Gas Natural que impone la necesidad de una audiencia pública para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores, previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Tal y como recoge el medio argentino 'Clarín', la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, también ha dictaminado en contra de los aumentos del precio de los servicios públicos, confirmando el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que había declarado la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía.
Carbó ha ordenado que el marco tarifario correspondiente al servicio de gas se retrotrajera a las tarifas vigentes y, aunque la opinión de la abogada no sea vinculante, es un paso necesario para que la Corte se expida en el asunto.
Según la procuradora, el aumento tarifario podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas, "poniendo en juego los Derechos Humanos y fundamentales internacionales, tales como la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia".
Tal y como reflejó un sondeo de Giacobbe&Asociados, el 71 por ciento de los consultados está de acuerdo con el aumento de las tarifas, sin embargo, el 81,3 por ciento cree que se debería de haber hecho de manera más gradual.
Asimismo, otro sondeo realizado por la consultora Management&Fit indica que el 37,2 por ciento cree que el aumento de las tarifas es producto de una mala administración anterior contra un 33 por ciento que lo atribuye al Gobierno actual.
La postura del Gobierno es que semejante aumento de los aranceles se debe a las malas políticas de gobiernos anteriores, que durante más de diez años decidieron subsidiar las tarifas en lugar de aumentarlas progresivamente.
Según el exsecretario de Energía del Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) Daniel Montamat, la pésima política del gobierno anterior llevó al país a la pérdida del autoabastecimiento y es ahora cuando "está empezando a dar la vuelta el tema de la curva de producción e inyección de gas natural".
Montamat admitió que llevará tiempo una total recuperación ya que el gas importado representa en la ecuación de consumo de promedio anual entre el 25 y el 30 por ciento. "Hemos importado mucho", aseguró