MÉXICO DF, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Justicia mexicana tiene pendientes unas 400.000 órdenes de arresto a criminales y delincuentes, mientras que el 99 por ciento de los delitos quedan impunes, según datos divulgados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación de Instituciones Públicas de Defensa de los Derechos Humanos.
Esta cifra y otras apreciaciones aparecen en el II Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública, que se presentará hoy en la ciudad de Sinaloa, estado de Culiacán, una de las regiones más violentas del país.
Parte de las conclusiones del estudio fueron reveladas al diario 'El Universal', en las que se detalla que sólo el 10 por ciento de las personas que son víctimas de algún delito lo denuncian a las autoridades. De este grupo que sí denuncia, apenas uno de cada 100 logra ver concluido el proceso con una sentencia, quedando impunes los 99 casos restantes, lo que hace que crezca la desconfianza y el desinterés por parte de los mexicanos hacia su sistema de justicia.
A este respecto, el Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH explicó que la mayoría de los que sufren algún delito no lo denuncian porque desconfían de las autoridades responsables y temen convertirse en víctimas de la corrupción que impera en el sistema de seguridad pública.
La CNDH es muy crítica cuando señala como responsable de esta situación a la Fiscalía, por la tardanza en los procesos una vez que la víctima denuncia y se debe pasar a las fases siguientes. Además, los denunciantes reconocen que existen altos niveles de corrupción en los organismos estatales, indica el informe, recogido por 'El Universal'.
Este informe se presenta en medio de una situación de violencia que azota a gran parte de los estados del país, provocada por el crimen organizado y el narcotráfico, que ha dejado este año, según cifras oficiales, más de 5.400 muertos en todo el país.
Varias organizaciones han pedido al presidente de México, Felipe Calderón, que ponga más atención al tema de la inseguridad en el país, pese a los esfuerzos del Gobierno por militarizar algunas zonas y realizar operaciones constantes para evitar más homicidios.
INSTANCIAS AUTÓNOMAS
Para poder hacer frente a todas estas irregularidades, CNDH propone la creación de una instancia "imparcial y autónoma" de la Fiscalía que tenga como tarea la investigación de los delitos en los que están implicados funcionarios públicos como los policías.
La mayor preocupación de estas organizaciones es que las víctimas se encuentran "desprotegidas" por la Justicia y las autoridades mexicanas, teniendo que recurrir a otros mecanismos de seguridad paralelos.
La Comisión sugiere que se impulse además la creación de una red nacional que brinde asistencia jurídica, médica y psicológica a las víctimas, además de fomentar la promoción de los Derechos Humanos dentro de los propias instituciones públicas.
Asimismo, solicita una mayor atención a los centros penitenciarios de México, donde "persisten" algunas irregularidades que evidencian la violación de algunos derechos fundamentales, lo que dificulta la reinserción social de los presos una vez que cumplen su condena.