Actualizado 08/06/2012 22:51

Calderón reconoce que la corrupción en México ha permitido a funcionarios crear "fortunas sin precedentes"

El Presidente De México, Felipe Calderón.
EUROPA PRESS/PRESIDENCIA DE MÉXICO


MÉXICO DF, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Felipe Calderón, ha reconocido este viernes que la corrupción en ese país ha permitido a funcionarios públicos amasar "fortunas sin precedentes", pero además ha hecho que algunas empresas ganen contratos millonarios mediante sobornos y negociaciones fraudulentas.

Estas declaraciones las ha hecho Calderón durante la promulgación de la nueva Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que establece sanciones no sólo contra los funcionarios, sino también contra todos aquellos que hayan pagado para conseguir ciertos privilegios como ganar licitaciones con el Estado.

A lo largo de muchos años, trabajadores de las diferentes instancias del Estado han estado "amasando fortunas sin precedentes e injustificables conforme a sus ingresos", pero además "es injusto ver que empresas que quieren invertir en México no pueden hacerlo a menos que incurran en procedimientos de corrupción", ha denunciado el mandatario.

Calderón ha recordado que estos delitos se cometen porque existe una "corresponsabilidad de los actos de corrupción entre el sector publico y privado", por tanto, la nueva normativa lo que busca precisamente es "castigar desde la sociedad o desde la iniciativa privada" a quienes incurran en estos hechos.

"La corrupción se ha entendido como un acto del servidor publico nada mas, pero no sólo comete un acto de corrupción quien recibe el dinero sino también quien lo da", ha insistido.

Aun cuando en México existen leyes que combaten estos delitos, Calderón ha defendido este nuevo marco legal porque "permite asegurar que los procedimientos de contratación pública se desarrollen siempre con pleno apego a la legalidad", lo que garantiza que se pondrá "punto final a la corrupción de las empresas que es tan nociva como la corrupción de los agentes gubernamentales".

La ley establece sanciones de hasta dos millones de salarios mínimos, que son unos 124 millones de pesos (7,1 millones de euros), tanto para los funcionarios como para los particulares y empresarios que incurran en delitos de corrupción.