MÉXICO D.F, 23 Abr. (Reuters/EP) -
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció ayer que miembros del Ejército mexicano torturan de forma sistemática, con golpes e incluso descargas eléctricas, a los detenidos que interrogan en sus cuarteles militares, lo que vuelve a situar a las fuerzas locales en el punto de mira precisamente mientras trabajan para combatir los altos índices de delincuencia en el país norteamericano.
Los supuestos abusos fueron perpetrados este año y Chihuahua figura como el estado en que más torturas se cometieron, precisamente porque en el entorno de Ciudad Juárez se ha incrementado sustancialmente la presencia militar para combatir el narcotráfico.
En concreto, la CNDH, estatal pero de carácter independiente, recibió en los primeros tres meses de 2009 172 denuncias por detenciones arbitrarias, según el portavoz del organismo Mauricio Ibarra. La cifra supone un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, ya que en todo 2008 se registraron 311 quejas.
Ibarra detalló estas denuncias y explicó que la Comisión ha encontrado casos en los que los sospechosos arrestados ni siquiera son confirmados ante el Ministerio Público y pasan directamente a los cuarteles. Allí, los torturan durante horas, "les dan choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo (...), en testículos, en brazos, en piernas, en glúteos". "Unos se han quejado de que los han golpeado en las plantas de los pies con bates", relató.
Asimismo, en los primeros meses del año se han verificado cuatro casos de interrogatorios abusivos contra sospechosos del narcotráfico, frente a los 12 registrados en todo 2008 y los seis de 2007. Ibarra denunció que los médicos militares involucrados en algunos de estos casos rellenaron en su momento informes positivos del estado de los reos pese a que mostraban signos evidentes de torturas.
ASESINATOS DEL EJÉRCITO
La CNDH investiga de forma especial el asesinato de dos hombres ocurridos este mes en Ciudad Juárez, ya que los testigos han señalado al Ejército como causantes de las muertes. El portavoz del operativo antidrogas del Ejército en la localidad fronteriza, Enrique Torres, aclaró que "en este caso no participaron ni soldados ni agentes federales". No obstante, "nosotros estamos abiertos y dispuestos para colaborar en la investigación".
Según Torres, la situación extrema de violencia y la campaña emprendida por el Gobierno de Felipe Calderón representan un entorno propicio para los abusos. El portavoz de la CNDH recalcó que "es una situación extraordinaria", en la que alrededor de 45.000 militares permanecen desplegados por distintas partes del país.