MÉXICO DF, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un Consejo de Guerra ha condenado a penas de entre 16 y 40 años de prisión a catorce militares por la muerte de cinco miembros de una familia en el poblado de La Joya, ubicado en el municipio de Sinaloa Leyva, estado mexicano de Sinaloa (oeste), el 1 de julio de 2007.
A través de un comunicado, la Secretaría de Defensa Nacional ha informado de que el Segundo Consejo de Guerra Ordinario Permanente ha condenado a catorce de los 19 militares procesados el pasado 28 de octubre por este crimen, al que se refiere como un "lamentable error".
Al parecer, los militares dieron el alto a la camioneta en la que viajaba un matrimonio, sus tres hijos --de dos, cuatro y siete años-- y la hermana del marido en el puesto de control de La Joya. Al sospechar que eran criminales, los uniformados dispararon contra el vehículo, acabando con la vida de las dos mujeres y los tres menores.
El comandante del puesto de control ha sido condenado a 40 años de prisión y destituido e inhabilitado por una década; un oficial ha sido condenado a 38 años de prisión y destituido e inhabilitado para una década; y doce soldados han sido sentenciados a 16 años de prisión.
Además, del homicidio calificado y las lesiones calificadas, la sentencia contempla también la responsabilidad por los daños causados a la propiedad ajena, de modo que ha determinado su resarcimiento, conforme a lo dispuesto en la legislación mexicana.
Del los otros cinco imputados, dos han sido absueltos, mientras que un oficial y un soldado están a la espera de que se resuelva el recurso de amparo presentado por su defensa para continuar con el proceso judicial.
En los últimos cinco años, la Secretaría de Defensa Nacional ha abierto un canal de comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "para conocer cualquier conducta que pudiera apartarse de la disciplina militar". En este periodo se han presentado 89 quejas, de las cuales solo ha prosperado un 1,53 por ciento.
En estos casos, los involucrados son puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Militar, quien decide sobre su posible responsabilidad y, en su caso, los deriva a los Tribunales de Justicia Militar para que sean procesados.