Actualizado 17/12/2013 22:30

Acusan por tráfico de drogas a un exgobernador mexicano


NUEVA YORK, 3 Dic. (Reuters/EP) -

Un jurado federal estadounidense ha acusado a un exgobernador del actual partido gobernante de México por tráfico de drogas, fraude bancario, extorsión, lavado de dinero y colaboración con cárteles de droga, según una acusación formal revelada este lunes.

Tomás Yarrington, exgobernador del estado de Tamaulipas, en la frontera de México con Texas, recibió millones de dólares en sobornos del cártel del Golfo y otros traficantes, según la acusación, durante una sesión que ha tenido lugar en Brownsville, Texas, sin la presencia de los acusados.

Se trata del tercer expolítico mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ser procesado por el Gobierno estadounidense en el sur de Texas en menos de una semana. Antes pasaron por los tribunales el exsecretario de Finanzas del estado de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, y el exgobernador interino de la entidad, Jorge Torres, fueron, acusados de fraude, robo y transferencia ilegal de fondos.

Yarrington, de 56 años, fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2005 y ha estado en el centro de acusaciones criminales desde el año pasado. Las autoridades estadounidenses han asegurado que Yarrington comenzó a recibir sobornos del Cártel del Golfo y otros traficantes desde 1998, cuando era alcalde de Matamoros, en la frontera con Estados Unidos.

El Cártel del Golfo fue durante mucho tiempo una de las bandas de narcotraficantes más importantes de México, pero se ha visto debilitado por una serie de arrestos recientes y una brutal guerra por el territorio con su ex brazo armado, los Zetas.

La acusación por 11 cargos también dice que Yarrington, quien fue suspendido del PRI en 2012, estuvo involucrado en el contrabando de cargamentos de cocaína a través del puerto de Veracruz, en el Golfo de México, rumbo a Estados Unidos entre 2007 y 2009.

Durante esta sesión también fue imputado Fernando Cano, de 57 años, el dueño de una constructora mexicana que supuestamente recibió contratos públicos bajo la administración de Yarrington a cambio de sobornos. En total, la acusación inculpa a Cano y Yarrington de trasladar más de 7 millones de dólares a cuentas bancarias de Estados Unidos a través de empresas ficticias.

Si son declarados culpables de los cargos más graves, cada uno enfrentaría hasta 30 años de prisión y elevadas multas. Las autoridades estadounidenses dicen que el paradero de Yarrington y Cano es desconocido.