Actualizado 28/10/2017 08:27

El exjefe de la Fiscalía para Delitos Electorales de México acepta su destitución

santiago nieto
WIKIPEDIA

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ahora exjefe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de México, Santiago Nieto, que fue cesado la semana pasada por violar el código de conducta, ha aceptado este viernes la decisión del procurador general interino del país, Alberto Díaz Beltrán, de destituirle.

Nieto ha retirado la solicitud presentada ante el Senado para permanecer en el cargo al frente de la Fepade. En una carta dirigida a Ernesto Cordero, el presidente de la Mesa Directiva de la cámara, Nieto ha precisado que no existen condiciones para que, aún obteniendo la mayoría de los votos en el Senado, él continúe al frente del organismo.

La decisión de Nieto se debe a "la polarización política que ha rodeado el procedimiento de corte constitucional y la imposibilidad fáctica de regresar con la libertad de actuación anterior dados los posicionamientos de las fuerzas políticas", ha aseverado, según ha recogido el diario local 'El Sol de México'.

Asimismo, Nieto ha insistido en que lo importante son las instituciones, no las personas. "No claudico en mi objetivo de que se califique jurídicamente la ilegalidad de mi destitución, pero tampoco es pertinente continuar con un proceso que polariza a la sociedad y lesiona a las instituciones", ha manifestado.

El martes, el exjefe de la Fepade señaló que la decisión de Díaz era "injusta" y manifestó que no había incurrido en la "violación de ningún código ético", motivo por el cual fue presuntamente destituido.

Su despido, que ha levantado la polémica entre los políticos de la oposición, tuvo lugar después de que éste revelara a un periódico mexicano que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya le había enviado una carta en la que lo presionaba para que lo declarara inocente de los cargos que se le imputaban en el marco del caso 'Odebrecht'.

Díaz, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con la supervisión de la actuación de los funcionarios públicos que, según ha expresado, debe seguir la legalidad y la ética institucional.