MÉXICO DF, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del estado mexicano de Veracruz ha pedido a la Procuraduría General federal que colabore en la investigación del asesinato de la periodista Regina Martínez, que apareció muerta el sábado en su casa con signos de violencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ya ha anunciado que realizará una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Martínez, la periodista número 77 asesinada en el país desde 2000, según la propia Comisión, citada por el diario 'El Universal'.
La periodista murió asfixiada, según las primeras indagaciones sobre las causas de su muerte. Martínez trabajaba en el diario 'Proceso' como corresponsal política en Veracruz, denunciando la corrupción de la clase política y las conexiones entre el crimen organizado y los dirigentes.
El domingo, asociaciones de periodistas y grupos defensores de los Derechos Humanos se concentraron en México DF y otras ciudades en repulsa por el asesinato de la periodista
Mike O'Connor, del Comité de Protección a Periodistas, destacó que en lo que va de año han muerto cinco periodistas en Veracruz y no hay ningún implicado en estas muertes que haya sido detenido y puesto a disposición de la justicia.
Por su parte, la directora de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores, destacó que Regina Martínez aportaba información para documentar los crímenes que sufrían sus compañeros de trabajo. Flores ha destacado que catorce periodistas han abandonado Veracruz desde el comienzo del año ante la violencia y las amenazas recibidas.
"En Veracruz los periodistas saben que están desprotegidos, tienen miedo, no creen en la autoridad, están abandonados porque ni siquiera el gobierno federal emite una reacción cuando han matado a periodistas. Eso refuerza el mensaje" de los asesinatos, ha señalado.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condenó el asesinato de Regina Martínez y protestó por la "impunidad" que existe en los homicidios en Veracruz ante la ausencia de detenidos. "La CDHDF reitera que es obligación del Estado mexicano investigar estos homicidios de manera eficaz y eficiente, para así determinar sus causas y sancionar a los responsables como parte de la protección del derecho a la vida", señaló en un comunicado.