MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) quiere que el Gobierno de Mariano Rajoy haga las gestiones oportunas ante las autoridades mexicanas para que garanticen una investigación adecuada de cada uno de los crímenes contra las mujeres registrados en Ciudad Juárez y para que elaboren protocolos de protección de las víctimas y sus familiares.
La Fiscalía Especializada de Homicidios de Género de Ciudad Juárez ha anunciado que investigará cada uno de los casos de mujeres de desaparecidas en esa peligrosa localidad del estado mexicano de Chihuahua, en respuesta a las exigencias de varias madres de presuntas víctimas de feminicidios.
La portavoz de IU en la Comisión de Igualdad y diputada por Madrid, Ascensión de las Heras ,ha registrado una proposición no de ley sobre el reiterado feminicidio que viene registrándose en Ciudad Juárez, con la que busca que el Congreso muestra su preocupación ante las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas, y que traslade su solidaridad con las organizaciones civiles que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos en México.
Y es que, según De las Heras, es precisamente gracias al registro de casos de desaparición, tortura sexual y homicidio de mujeres y niñas que vienen realizando desde 1993 estas organizaciones que se ha podido visualizar globalmente un feminicidio que afecta a todo México, singularmente a Ciudad Juárez.
En su iniciativa, que recoge Europa Press, IU recuerda que el 10 de diciembre 2009, coincidiendo con la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la sentencia del 'Caso Campo Algodonero', en la que se condenaba al Estado mexicano por violar los Derechos Humanos de tres mujeres desaparecidas y torturadas en Ciudad Juárez.
Por ello, la federación de izquierdas pretende con su propuesta que desde el Congreso se inste al Gobierno a realizar las gestiones oportunas ante el Ejecutivo mexicano para trasladarle la "necesidad" de cumplir con esta sentencia y realizar un seguimiento del cumplimiento de las disposiciones para la reparación de las víctimas que en ella se relatan.
La proposición también emplaza al Gobierno a que se dirija a México para pedirle que garantice procedimientos de investigación "adecuados", sancionando a los culpables, reparando los daños y elaborando protocolos de protección de las víctimas y sus familiares.