Actualizado 27/10/2008 03:20

México.- López Obrador pide a sus seguidores que protesten frente al Congreso contra la ley energética

CIUDAD DE MÉXICO, 27 Oct. (Reuters/EP) -

Andrés Manuel López Obrador, líder de la izquierda política mexicana urgió ayer a sus partidarios a que acudan esta semana al Congreso del país para protestar por la legislación energética que está a punto de ser aprobada por los diputados.

López Obrador, que en 2006 perdió por un estrecho margen las elecciones presidenciales, pidió que los que le apoyan lleven a cabo una marcha por el centro de la capital para solicitar que se impida la votación final de la reforma energética, programada para mañana. "Vamos a defender nuestro territorio y nuestra soberanía nacional. Seguirá habiendo protestas", aseguró en un mitin convocado expresamente para protestar contra el proyecto de ley. López Obrador añadió que tomará nota "de cada una de las empresas extranjeras" que no permitirán que el territorio mexicano "se despedace".

El líder izquierdista encabezó la marcha que el pasado jueves cortó el tráfico en la capital y que tuvo refriegas con la Policía. Sin embargo, no logró evitar que el Senado votase con una gran mayoría a favor de aprobar las reformas, de las cuales sus partidarios dicen que son necesarias para revertir la caída de exportaciones petroleras, que amenaza el estatus de México como el sexto mayor productor del mundo.

Muchos mexicanos ven el control estatal de la industria petrolera como un componente clave de la soberanía nacional. El proyecto de reforma, que cuenta con el apoyo del Gobierno, del principal partido de la oposición y de algunos diputados de izquierdas, está diseñado para hacer que entren empresas con experiencia en el sector privado en la industria petrolera mexicana.

Los partidarios de la medida, como el presidente del país, Felipe Calderón, dicen que mantiene el control del Estado sobre la industria y prohíbe que la compañías privadas se hagan propietarias de las reservas petroleras o de la producción. Por su parte, los detractores opinan que la decisión es una privatización encubierta.