MÉXICO DF, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
La violencia desatada por la lucha que mantienen los cárteles de la droga es un problema que afecta a México desde hace mucho tiempo, pero no ha sido sino en los últimos años cuando la espiral de violencia ha crecido dramáticamente, reconoce el Gobierno de Felipe Calderón.
"No podemos pasar por alto que la violencia ha crecido; ello sería tan irresponsable como no haber decidido combatir con toda firmeza el crecimiento de la delincuencia", asegura Alejandro Poiré, portavoz del gobierno y secretario técnico del Consejo se Seguridad Nacional en un documento divulgado este lunes.
Poiré alega que el incremento de los hechos delictivos obedece a determinados factores internos y externos que forman parte de una "tormenta perfecta" que construyó un "escenario óptimo" para que las organizaciones criminales pudiesen "generar ganancias", mientras que "las instituciones responsables de detenerlos se iban debilitando".
Entre esas causas --enumera Poiré-- figuran la debilidad institucional en algunos "ámbitos cruciales", las crisis económicas que ha tenido que afrontar México, así como la diversificación, crecimiento y expansión en la capacidad de acción de los grupos del crimen organizado. También destacan los "graves errores metodológicos" de los estudios hasta ahora presentados sobre la materia.
En el documento, Poiré explica que los narcotraficantes colombianos --azotados por la lucha emprendida por el Gobierno de Bogotá en las décadas de los ochenta y noventa-- vieron en México "una vía alternativa" para continuar con su negocio, lo que abrió la puerta a una relación con los cárteles de ese país, "a quienes necesitaban en la labor de trasiego y distribución" de drogas, debido a su cercanía con Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.
El objetivo de esta alianza era aumentar el comercio de drogas y para lograrlo había que intensificar sus actividades, recurriendo en la mayoría de los casos a la violencia. "La corrupción o amedrentamiento de autoridades se convirtió en un elemento indispensable para generar redes de distribución en negocios ilícitos, pues de esa manera ampliaban y afianzaban su estructura, generaban mayores ganancias, además de conseguir el control de rutas completas", afirma Poiré.
Esto contribuyó a que las organizaciones criminales dejaran de funcionar "como células" y comenzaran a expandirse como grandes grupos de poder que luchan por el control de la ruta de la droga --lo que se conoce popularmente en México como "la plaza"-- y el "dominio de las actividades delictivas", subraya el portavoz del gobierno.
Otros factores como la pobreza y el "daño profundo al tejido social" e institucional de México, abonaron el terreno a las actividades del narcotráfico. "Mientras las organizaciones criminales iban creciendo y aprendiendo las ventajas comparativas de su negocio, las instituciones encargadas de combatirlas se iban debilitando, perdiendo capacidad de reacción y credibilidad ante una sociedad que dejó de confiar en ellas", advierte.
Estados Unidos, el principal mercado de los cárteles mexicanos, también contribuyó al aumento de la violencia a partir de 2004 cuando expiró en ese país la Prohibición Federal sobre Armas de Asalto, lo que permitió a los norteamericanos adquirir armas de alto calibre.
"Esto derivó en un incremento en el tráfico ilícito de armas de alto poder hacia México, en un contexto de alta rivalidad delincuencial que puso en manos de criminales no solo una mayor cantidad de armas, sino más dañinas", asevera.
Con esta tesis, Poiré rechaza las versiones que responsabilizan a la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por Calderón del recrudecimiento de la violencia en México, argumentando que más bien se "ha evitado que se fortalezcan las organizaciones criminales", las cuales "hoy se encuentran divididas y debilitadas".
"Lo importante es que en este gobierno se están planteando las bases para que un esfuerzo constante, sistemático y que implique a todos los órdenes de gobierno, garantice instituciones fuertes y confiables en el mediano plazo", agrega.
Más de 40.000 personas han sido asesinadas en hechos relacionados con el crimen organizado desde que Calderón asumió el poder en diciembre de 2006, una cifra que supera radicalmente a las registradas en gobiernos anteriores.