Soldados mexicanos en un operativo de seguridad en Ciudad de México
REUTERS / HENRY ROMERO

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha pedido este martes al Congreso mexicano que no apruebe la ley de seguridad, que permitirá a las Fuerzas Armadas asumir competencias que hasta ahora eran exclusivas de los cuerpos civiles.

"La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada" al "enorme problema" de la violencia en México, ha dicho el diplomático jordano en un comunicado.

Al Hussein ha considerado que el proyecto de ley tiene "elementos inquietantes", como "que las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las Fuerzas Armadas", que este trasvase de competencias no va acompañado de "los controles apropiados" y que no hay "garantías adecuadas" contra "el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza".

"Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria", ha recalcado al Hussein.

Además, el jefe de Derechos Humanos de la ONU ha advertido de que esta norma jurídica "podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley".

Por todo ello, ha animado a los legisladores mexicanos a aparcar este borrador y "llevar a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil".

A este respecto ha recordado las recomendaciones que ya hizo el Alto Comisionado al Gobierno mexicano sobre "la necesidad de promover una estrategia que fomente la seguridad ciudadana, vele por que las políticas de seguridad se apliquen con arreglo a las normas internacionales de Derechos Humanos, investigue las presuntas violaciones y garantice la rendición de cuentas".

Al Hussein ha afirmado que su oficina "está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad".

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre y ahora ha pasado al Senado para su debate y votación. De superar este último trámite parlamentario, solamente quedará la firma del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para que se convierta en ley.

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