MÉXICO DF, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha enviado este lunes al Congreso su decálogo de medidas para impedir la infiltración del crimen organizado en la vida política, en respuesta a la desaparición de 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) en el municipio de Iguala el pasado 26 de septiembre.
"Hoy he presentado al Congreso la iniciativa de reforma a la Constitución que nos permitirá contar con policías estatales únicas", ha anunciado durante una entregará de viviendas sociales en el municipio de Cintalapa, en Chiapas.
Peña Nieto ha reiterado que "lo ocurrido en Iguala marca un antes y un después, porque exhibió las vulnerabilidades de los gobiernos municipales, evidenció la debilidad institucional para hacerle frente al crimen organizado".
"Por eso, el Gobierno de la República, el país entero y sus instituciones, especialmente las encargadas de la seguridad, tienen que estar sólidamente preparadas para combatir al crimen organizado", ha recalcado.
Así, en alusión al segundo aniversario de su llegada al poder, que se cumple este 1 de diciembre, Peña Nieto ha confesado que el Gobierno "no está satisfecho con lo que se ha logrado, porque aún falta mucho por hacer", según informa la prensa local.
PLAN CONTRA EL CRIMEN
La principal medida de este decálogo es la elaboración de una ley integral contra el crimen organizado, centrada en evitar su infiltración en la política municipal y que reforzará, por tanto, la autoridad estatal y federal.
A este respecto, Peña Nieto avanzó que la norma jurídica permitirá que, cuando haya indicios de connivencia entre los criminales y las autoridades municipales, el Gobierno federal podrá disolver el Ayuntamiento y asumir temporalmente las competencias locales.
Otro de los ejes de este plan nacional es la supresión de las policías municipales, en las que la infiltración del crimen organizado es más fácil por la práctica ausencia de controles, que pasarán a integrarse en una única policía estatal.
Asimismo, se redefinirán las competencias en materia penal para que ninguno de los niveles de Gobierno tenga "excusas" para no investigar una denuncia, según ha informado la prensa mexicana.
Ello se complementará --según anunció la semana pasada-- con la creación de un teléfono único de emergencias (911) que operará en todo el territorio nacional y con "una amplia agenda de reformas para mejorar la Justicia ordinaria".
Peña Nieto también anunció leyes generales de tortura y desaparición forzada para establecer protocolos y procedimientos exhaustivos contra estas prácticas y, en un paso más, crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
CASO IGUALA
Los 'normalistas' llegaron a Iguala el 26 de septiembre para recaudar fondos para viajar a la capital mexicana el 2 de octubre con el fin de participar en la conmemoración de otra matanza, la de Tlatelolco.
Ese día la esposa del alcalde tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, el alcalde ordenó a la Policía actuar contra los 'normalistas'.
Policías de Iguala, apoyados por agentes de Cocula, interceptaron a los jóvenes a la entrada del municipio y abrieron fuego, matando a uno de ellos y dando lugar a un enfrentamiento que se saldó con seis muertos y 25 heridos.
Una vez controlada la situación, detuvieron a los 'normalistas' que no consiguieron huir, les condujeron en varios furgones policiales a los límites entre Iguala y Cocula y se los entregaron a Guerreros Unidos.
A partir de ese momento se pierde el rastro de los 43 'normalistas'. Queda ahora el análisis de las cenizas, ya que el de los cadáveres de la veintena de fosas comunes halladas en Iguala y municipios cercanos ha revelado que no son los jóvenes.